La causa penal entorno a Anabela Lucero, la exdiputada imputada y presa por presuntamente robar fondos públicos con la administración del Molino Fénix, no deja de dar tela para cortar. Y, desde que trascendió un video en el que se ve a sus abogados, Esteban Bustos y Adriel Cabello, facilitándole un celular durante una visita en el penal, la polémica también salpica a los defensores. A un mes de la difusión de ese material fílmico, la Dirección General del Servicio Penitenciario Provincial denunció ante la Unidad de Abordaje Fiscal a los letrados que representan a la exlegisladora del riñón de Alberto Rodríguez Saá por ese hecho y otras presuntas irregularidades en las que, a su modo de ver, incurrieron.
En el escrito presentado en los tribunales de San Luis, Karina Lorena Mantelli, la titular del Servicio Penitenciario, expuso que detectaron distintas conductas de Bustos y Cabello que van en contra de la seguridad interna del complejo penitenciario, que podrían poner en peligro “la paz de la población penal” y constituir un riesgo de entorpecimiento del proceso judicial o, bien, una posible evasión.
El hecho que catapultó la reciente acción judicial sucedió el 16 de septiembre de 2026, a las 17:41. En esa fecha, los defensores fueron hasta el Servicio Penitenciario de San Luis, ubicado en el kilómetro 8,5 de la Ruta Nacional 146, para reunirse con su clienta en el salón de visitas que tiene la “Cárcel de Mujeres”.
En medio de la audiencia que mantenían con Lucero, la oficial de servicio Mariam Ekatherine Naif observó a través de la celaduría un comportamiento sospechoso de parte de los letrados. Según constató, le habrían entregado un teléfono celular a la acusada más de una vez para que hablara con un destinatario desconocido. También advirtió que pusieron sobre la mesa un par de lentes presumiblemente inteligentes.
Eso último, según lo denunciado, agravaría todo, pues podría significar la vulneración de la seguridad interna e iría en contra del protocolo de ingreso para abogados y procuradores vigente, suscripto con el Colegio de Abogados y Procuradores.
