Esteban Bustos y Adriel Cabello, los abogados de la exdiputada Anabela Lucero, y Bautista Rivadera, el defensor de los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero, hablaron casi tres horas en la audiencia de este viernes, que definiría si continuarían tras las rejas sus clientes. En ese tiempo buscaron por todos los medios argumentativos convencer al juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, para que no renovara la prisión preventiva de los tres imputados y de que no existe ni la más remota posibilidad de que una vez libres pongan en peligro la investigación penal. Sugirieron incluso, como hicieron en previas audiencias, medidas de coerción más morigeradas para que sus defendidos no tengan que seguir presos.
Pero nada funcionó. El magistrado resolvió, a pedido de la fiscalía y en base a otros dictámenes, extender 90 días más el encarcelamiento preventivo, es decir más tiempo de encierro de lo que les dictó el pasado 24 de agosto.
Ninguno de los imputados estuvo de cuerpo presente en los tribunales de Villa Mercedes, pero participaron de manera remota, a través de videollamada desde la cárcel. De los tres, solo la exdiputada de Alberto Rodríguez Saá intercedió con sus propias palabras por lograr su liberación. C
Tal cual hizo en las últimas semanas, aseguró que su estado de salud es delicado desde el 17 de septiembre, cuando sufrió un pelotazo en el pecho en un playón del penal. Dijo que, desde entonces, padece intensos y profundos dolores, que ya fue internada varias veces y que su médico de Córdoba le recomendó que tan severa lesión requiere una cirugía urgente en la vecina provincia.
Pero nada de eso convenció al juez de Garantías. El letrado no solo coincidió con los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández en la extensión de la medida restrictiva sino también con el Tribunal de Impugnación que, en su momento, tampoco hizo lugar a los pedidos de liberación. Al igual que ellos, expuso que aún están más que latentes los riesgos procesales de que el curso de la investigación sea entorpecida por la eventual intervención de alguno de los imputados, máxime teniendo en cuenta que en los últimos días las averiguaciones arrojaron la existencia de, al menos, cuatro nuevos sospechosos de ser parte del vaciamiento del Complejo Molino Fénix y que, en breve, podrían ser también imputados.
Tras oír la resolución del magistrado, los defensores de los Lucero y Scarel adelantaron que no se quedaran con eso, sino que apelarán ante un tribunal de alzada para que revise este nuevo fallo.
