En el comienzo de la semana trascendió que la fiscal de juicio de San Luis, Virginia Palacios, anterior fiscal de instructor y jueza de instrucción, contaba con custodia del grupo táctico especial COAR (Comando de Operaciones de Alto Riesgo), en su casa del barrio privado Los Quebrachos. La razón yacía en amenazas que había recibido y el latente temor por su seguridad y la de su hija, que se había desencadenado por una causa compleja que involucraría un robo de dinero, un enfrentamiento entre dos hermanos, acusaciones cruzadas, presuntas coimas para liberar a un preso y hasta un supuesto plan para asesinar a la funcionaria del Ministerio Público Fiscal. Este miércoles, justamente por el panorama poco claro de esa situación que ya se convirtió en todo un escándalo, el procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, tomó una decisión que resulta en otra muy mala noticia para Palacios. La suspendió en sus funciones por el término de dos meses.
Hugo Scarso, abogado de Ernesto Faustino Novillo, el hombre denunciado por Palacios, realizó una extensa presentación ante la Justicia en la que pidió investigar el trasfondo de la denuncia, producir nuevas pruebas y establecer qué vínculo hay entre la causa por amenazas y otro expediente abierto a partir de un robo que sucedió a fines de abril, en el domicilio de María Lydia Yolanda Novillo, en La Toma.
De acuerdo con la denuncia de la fiscal, Palacios conocía desde hacía años a Jorge Novillo, “Neneto”, hermano de Ernesto, y era amigo de él y su familia. Dijo, además, que sabía sobre el robo y todo se tornó todavía más grave cuando admitió haber tomado conocimiento, a través de terceros, de una versión según la cual Ernesto Novillo habría pagado a Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez para matarla tanto a ella como a “Neneto”.
