Anabela Lucero, quien permanece detenida en el Servicio Penitenciario de San Luis, imputada por integrar una asociación ilícita que habría robado, entre otros elementos, unos $900 millones en fondos públicos con el Molino Fénix, recibió otro revés de parte de la justicia. Su defensa no volvió a solicitar su liberación o, al menos, su detención domiciliaria, a esa petición se la negaron sistemáticamente en las últimas semanas. Ahora le rechazaron un planteo, si se quiere, menor.
La exdiputada del riñón de Alberto Rodríguez Saá se había quejado ante el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, que los médicos que debían atenderla no habían acatado la orden judicial de brindarle asistencia y pidió, entonces, que los profesionales sean investigados por “desobediencia de una orden judicial”. El magistrado entendió que, dadas las circunstancias y las características del caso, no existió tal delito y resolvió no hacer lugar al requerimiento de abrir una investigación al respecto.
Los abogados de Lucero, Esteban Bustos y Ariel Cabello, hicieron tal planteo mediante la interposición de un hábeas corpus, que es una herramienta legal que protege la libertad de los ciudadanos contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la Nación Argentina.
En la presentación exponían que la dirigente política tenía una consulta médica a través de videollamada con un profesional de Córdoba. Pero tal cita no pudo llevarse a cabo, primero, porque la imputada se había descompuesto y, luego, porque la especialista que debía asistirla se había ido y no estaba disponible. “En líneas generales, sostenía que había existido una desatención de parte del servicio sanitario”, detalló una fuente judicial y, a partir de ese punto, Lucero pretendía que los responsables de salud “fueran investigados por el delito de desobediencia de una orden judicial”.
Pero, conforme a lo que pudo constatar en los informes que le remitieron, el juez Ortiz declaró que la medida planteada por la defensa de Lucero resultaba improcedente.
