A una semana de que el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, rechazara el pedido de liberación e incluso de prisión domiciliaria de la exdiputada Anabela Lucero y los ex funcionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero, sus defensores volvieron a interceder por ellos, ante otro tribunal, para esta vez sí lograr revocar sus encarcelamientos preventivos.
Todos expusieron los mismos argumentos y hasta los reforzaron, insistiendo en que los fiscales no habían sido nada claros al no detallar, de manera puntual, en qué se basaban para sostener que libre Anabela Lucero era un “peligro para la investigación”.
Pero ningún antiguo o nuevo fundamento hizo mella en el tribunal. La noche de este miércoles, los tres magistrados que lo compusieron, Marcelo Bustamente Marone, Hernán Herrera y Cintia Martín, ratificaron el alojamiento, hasta casi finales de octubre, en el Servicio Penitenciario de San Luis de los tres imputados.
A la hora de solicitar sus liberaciones o medidas de coerción menos severas que la cárcel, Bautista Rivadera, defensor de Scarel y Enzo Lucero, destacó que en el par de años que lleva la investigación sus clientes jamás trataron de obstaculizar el proceso penal. Además, resaltó que ninguno de los dos supone un peligro para las averiguaciones porque ni antecedentes penales tienen.
Rivadera también llevó a colación en la audiencia las condiciones laborales y familiares de sus defendidos y se refirió particularmente a “la situación de salud” que atraviesa uno de los hijos de Scarel.
Esteban Bustos y Ariel Cabello, los abogados de la exlegisladora, aseguraron que la prisión preventiva aplicada se apoya en elementos probatorios que ni siquiera existen. Indicaron que los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández no especificaron por qué no consideraban suficientes las medidas alternativas para asegurar la continuidad de la investigación. “La fiscalía habla en general para todos, sin detallar concretamente sobre cada imputado y cuál sería el peligro procesal”, dijo Bustos y puso el acento en que por eso, en esta causa: “Nadie sabe de qué tiene que defenderse”.
Remarcó que la dirigente política siempre estuvo a disposición de la justicia, que las imputaciones carecen de solidez y no hay pruebas que den cuenta que, si Lucero recuperase la libertad, intentará huir o entorpecer las averiguaciones que faltan.
En consonancia, todos los defensores, le solicitaron al tribunal que contemplaran para los tres las mismas alternativas que ya le habían planteado al juez Ortiz. Entre esas medidas morigeradas estaban la posibilidad de que los acusados cumplieran una prisión domiciliaria o, directamente, que fueran liberados bajo la condición de firmar cada mes un libro en fiscalía, la prohibición de salir de la provincia, de acercamiento al complejo Molino Fénix y de contactarse con testigos de la causa.
