Mayte Reina del Portugal Escudero está presa desde marzo. Llegó ahí imputada por estafar a 18 personas con la venta de terrenos que ofrecía como propios, pero que, en realidad, le pertenecían a la Municipalidad de Villa Mercedes. Con el correr de los meses se sumaron otras denuncias, la imputación se agravó hasta alcanzar las 27 estafas y el tiempo de prisión preventiva se extendió. En el medio, los investigadores ubicaron a su presunto socio, Lucio Pizarro Quilaman, y todavía les resta localizar y detener a otro sospechoso de haber operado en esas transacciones ilegales. Ahora la mujer sabe que no hay vuelta atrás, en lo que queda del 2026 o, a más tardar, el año próximo será enjuiciada y llegará a la sala de debates orales con un pedido de pena de 20 años de cárcel y su supuesto socio con otro, de siete años de prisión.
El miércoles, en una audiencia de control de acusación, el fiscal instructor 4 Leandro Estrada ratificó la acusación como coautora de “estafas reiteradas en concurso real” en 27 hechos contra Del Portugal Escudero y como coautor de “defraudación simple” en cinco hechos contra Quilaman.
La mujer fue imputada y enviada al penal el 19 de marzo. El domingo 16 de agosto fue liberada, bajo la prohibición de no salir del país y mantenerse alejada de los denunciantes y los testigos de la causa. Pero esos aires de libertad duraron poco y nada, porque a seis días de salir de la penitenciaría, un Tribunal de Impugnación revocó el fallo anterior y ordenó nuevamente su encierro por otros 40 días.
Quilamen, de 24 años, en cambio, había sido arrestado a mediados de mayo. Después imputado y liberado. De acuerdo con las pruebas recolectadas por la fiscalía, el joven, de nacionalidad chilena, fue quien recibió los pagos de algunas de las personas que le compraron lotes a su socia.
Los terrenos con los que de Portugal Escudero hizo dinero hasta el 2025 están emplazados entre calles Paunero y Sallorenzo. Son 16 manzanas. Luego de convencer a quienes se contactaron con ella con la idea de comprarle tierras, en las cuales construir sus casas, los llevaba al estudio de un escribano para firmar la cesión de cada lugar a los compradores, explicó Estrada en una de las audiencias.
El fiscal instructor expuso que esa secuencia de conducir a sus clientes hasta una escribanía, para firmar supuestos documentos que legitimaban la transacción, no fue más que un “acting” de parte de la acusada. Pues esas manzanas que les hacía creer a otros que le pertenecían, en verdad, eran las que el Municipio tenía pensado cederle al Gobierno de la Provincia para la construcción de viviendas sociales.
