A poco de cumplir tres años en el cargo que le permite estar sentado en el sillón de Rivadavia para decidir el futuro de los argentinos, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó a Javier Milei para que informe si existe algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica para ejercer su rol de presidente y, en caso de que tal estudio no exista, que realice uno urgentemente.
El sindicato, además, impulsará una iniciativa para que a partir del próximo año quienes se postulen a cargos electivos realicen un examen médico preocupacional y presenten un apto psicofísico para llevar adelante sus cargos.
En su pedido, el sindicato verde le recuerda al presidente que los trabajadores de la Administración Pública Nacional deben someterse a exámenes preocupacionales y periódicos de aptitud psicofísica, cuyo resultado condiciona de manera directa la continuidad del vínculo de empleo, según lo establece la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. De ahí la premura de instar al máximo responsable del Estado argentino a realizar evaluaciones similares.
La intimación será remitida a la Jefatura de Gabinete de Ministros con copia a Presidencia de la Nación.
“No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis”
En relación a los requisitos que se le solicitan a quienes ingresan a la administración pública, Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, sostuvo que es “es inaceptable” que los empleados públicos para su ingreso deban cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, cuando ese estudio “no es obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”.
“Los desequilibrios mentales del presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, manifestó Aguiar; y completó con preocupación: “No tenemos que olvidarnos que el presidente también es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sus actos tienen impacto no solo en la estabilidad institucional y en el funcionamiento del Estado, sino también en la seguridad nacional”.
ATE aclara que en su requerimiento no busca acceder “a ningún tipo de información médica privada, ni de historia clínica ni diagnósticos”, sino que solo quiere saber si hay una evaluación y a que conclusión arribó respecto al punto “apto” o “no apto”.
La intimación del sindicato se ampara en el artículo 88 de la Constitución Nacional, haciendo saber que “conocer el estado de salud del presidente no responde a una mera curiosidad particular, sino a una cuestión de notorio interés público e institucional que hace a la transparencia y a la confianza ciudadana en el ejercicio regular de la primera magistratura”.
