Hace una semana, cuando el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, les extendió la prisión preventiva por un trimestre completo a la exdiputada Anabela Lucero y los exfuncionarios Exequiel Scarel y Enzo Lucero, sus abogados anticiparon que insistirían ante un tribunal de alzada para la liberación de sus clientes. Ayer (viernes), argumentos de por medio, los defensores les pidieron a los jueces Hernán Herrera, Cintia Martin y Marcelo Bustamante Marone, la excarcelación y, en su lugar, sugirieron algunas medidas morigeradas a seguir o, en el peor de los casos, convertir la prisión preventiva en prisión domiciliaria. Pero, al igual que en las anteriores apelaciones, de nada sirvió. El Tribunal de Impugnación no revirtió el fallo del otro magistrado; al contrario, confirmó el encierro por 90 días y los acusados recibieron otro revés judicial.
Adriel Cabello, quien junto a Esteban Bustos representa a la dirigente política, expuso que si la mujer es liberada cumplirá con la prohibición de salir de la provincia, comparecerá una vez a la semana a tribunales y, para avalar todo eso, presentará una caución juratoria.
Bautista Rivadera, el defensor de los dos exfuncionarios, recordó que el encarcelamiento preventivo está pensado para cautelar el proceso y no como una medida de coacción. Todo lo contrario a como procedió la fiscalía en esta causa, subrayó. Puesto que, a la hora de solicitar la prisión preventiva, los fiscales ni siquiera evaluaron los riesgos procesales reales y latentes, sino que hicieron una presunción genérica, criticó.
A las condiciones planteadas por la otra defensa, Rivadera le agregó la imposición de una restricción de acercamiento de sus clientes hacia otros eventuales involucrados en la causa. Comentó, además, que está a la espera de un informe para saber qué tan factible sería el uso de tobilleras electrónicas en el caso de que los liberasen. Y, por último, requirió un trato igualitario y apuntó a la situación de Diego Torres, el único de los imputados que sí cumple el encierro en la modalidad domiciliaria.
Recién a última hora, Herrera, Martin y Bustamante dieron a conocer su fallo, uno que no cambió en nada lo ya resuelto la semana pasada. Concluyeron que excarcelar a Lucero y compañía en este punto de la investigación, en la que no dejan de surgir nuevos sospechosos y hay tanta prueba por producir, pone en peligro las averiguaciones entorno al supuesto robo de fondos públicos y mobiliario del Molino Fénix.
Puntualizaron que a la exdiputada del riñón de Alberto Rodríguez Saá la fiscalía le atribuye, junto a su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, el rol de líder de una asociación ilícita que se habría alzado con unos $900 millones, cuando tuvo en sus manos la administración del Molino Fénix. Diversos “testimonios de empleados sobre su presencia permanente y las órdenes impartidas, comunicaciones entre ambos y uso del espacio con fines de campaña política”, apoyan ese punto, señalaron.
Todo ello, a entender de los magistrados, convierte a la excarcelación de la exdiputada en un potencial riesgo. Dado que una vez libre no está exenta de intentar influir sobre dependientes del Complejo y sobre quienes trabajaron o fueron contratados para lograr algo a su favor.
En relación a Scarel, mencionaron que la fiscalía le endilga la administración de credenciales, el cambio de contraseñas, la desactivación de cuentas institucionales y la intervención sobre información digital, con capacidad técnica para ello. Esa función lo ligaría con la evidencia digital y con su acceso remoto, todo lo cual configura un riesgo procesal para el curso de la causa penal. Los jueces precisaron, además, que la pericia de su dispositivo no neutraliza el acceso remoto ni a las cuentas ni a los servicios en la nube.
Recordaron que dentro de todo esa andamiaje de corrupción, siempre de acuerdo con la teoría fiscal, Enzo Lucero, llevó adelante el rol de firmante autorizado de las cuentas del ente descentralizado, participó de las sociedades vinculadas y recibió información. Todas esas actividades suponen una conexión con la evidencia financiera y con los titulares de estructuras societarias, indicaron. Entonces, dejarlo en libertad puede afectar las pruebas por generar y hasta aquellas que ya fueron presentadas.
