El miércoles luego de una intensa audiencia en la que la fiscalía le formuló cargos por delitos vinculados a corrupción a Christian Domingo Hedel Becher, el último de los detenidos por la causa Molino Fénix, los abogados de los tres imputados que están presos en el Servicio Penitenciario de San Luis intercedieron por sus clientes para lograr su liberación. Propusieron todo tipo de medidas, desde cumplir con el compromiso de no salir de la provincia, presentarse religiosamente todos los meses en los tribunales, dejar a disposición de la Justicia vehículos y hasta la alternativa de acatar una prisión domiciliaria. Todo con tal de no estar más tras las rejas.
Pero el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, se mostró firme y decidió rechazar los planteos de los representantes de la exdiputada Anabela Lucero y los ex funcionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero. Lo que significa que deberán seguir detenidos, en principio, hasta completar los 60 días de encierro que les dictó el pasado 24 de agosto.
No obstante, los abogados de los tres no se darán por vencidos. Dieron a conocer que acudirán ante un tribunal para solicitarle que revea la resolución de Ortiz y revierta el encarcelamiento. Esteban Bustos y Ariel Cabello, quienes representan a la exdiputada, calculan que, a más tardar, el martes o miércoles de la próxima semana el Colegio de Magistrados habrá fijado ya una fecha para una audiencia ante un tribunal de alzada.
Bustos aclaró que, si bien respetan la decisión de su señoría, no están bajo ningún punto de vista conformes con su fallo.
Durante la audiencia del miércoles, entre otros argumentos, el abogado requirió que la justicia diera cumplimiento al “mandato de ley”, que establece que antes de aplicar el encarcelamiento preventivo, el cual constituye la medida más severa en esta instancia del proceso penal, evalúe y contemple otras alternativas más morigeradas. “Esta causa data desde el 2024 y recién ahora vienen a pedir la prisión preventiva; cuando, en todo ese tiempo, ella nos ha demostrado que no existe indicio alguno de entorpecimiento para la causa”, resaltó.
Bustos y Cabello afirmaron que el encarcelamiento impuesto a Lucero se sustenta en elementos probatorios inexistentes. Señalaron que los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández, al momento de hacer tal requerimiento, ni siquiera detallaron por qué no consideraban suficientes las medidas alternativas para garantizar la continuidad de la investigación.
Aseguraron que la dirigente política siempre estuvo ajustada a derecho, que las imputaciones no son sólidas y carecen de evidencia que haga pensar que, una vez que vuelva a ser una mujer libre, su clienta intente escapar o entorpecer el curso de la causa de alguna forma.
A cambio de que ya no permanezca en la cárcel, los defensores le habían propuesto al juez Ortiz que tuviera en cuenta para la exdiputada las siguientes posibilidades: la prisión domiciliaria, la firma del libro, la prohibición de salir de la provincia, la prohibición de acercamiento al complejo Molino Fénix y de contactarse con testigos de la causa, una caución personal de los abogados defensores y el compromiso y responsabilidad de hacer cumplir las pautas, además de la caución económica de un auto.
