Este lunes, el Juzgado de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada, resolvió dar por formulados los cargos contra Leonel Ángel Rossi por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, violación de domicilio, daños e incumplimiento de una orden judicial. Asimismo, ordenó su prisión preventiva por el plazo de 90 días, a cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial.
La Fiscal Adjunta Mercedes García —de la Fiscalía especializada en Contextos de Género— explicó que el imputado y la víctima convivieron desde 2022 y tienen un hijo en común de dos años. Previamente, la mujer lo había denunciado en otra causa en la que se dispuso su prisión domiciliaria y una medida de restricción de acercamiento. Además, el Juzgado de Familia N° 1 había ordenado una prohibición de contacto a menos de 300 metros, vigente desde el 14 de mayo por el plazo de seis meses.
Según relató la fiscalía, el 22 de junio en horas de la madrugada, el imputado se presentó en el domicilio de la denunciante, ubicado en la ciudad de San Luis. Golpeó el portón e intentó ingresar; al no recibir respuesta, accedió por el techo de la vivienda y forzó la puerta principal a golpes.
En la vivienda se encontraban la mujer, sus cuatro hijos menores de edad —entre ellos el hijo en común con el imputado— y un familiar. Una vez adentro, el acusado tomó un cuchillo que se encontraba en la puerta, amenazó a la mujer e inició una serie de destrozos en el interior de la casa. El familiar logró reducirlo y lo sacó de la vivienda hasta que intervino la policía.
Cabe señalar que el imputado tenía colocado un dispositivo dual de control electrónico, lo que facilitó su localización y detención.
El Ministerio Público Fiscal informó que restan concluirse algunas medidas de prueba como el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas, pericias telefónicas y la realización de Cámara Gesell a los niños y niñas que se encontraban en el lugar.
La fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado por el término de 120 días, al considerar que existen riesgos procesales, especialmente por la reiteración en el incumplimiento de medidas judiciales previas y la posibilidad de influir en la víctima y en sus hijos.
La defensa técnica del imputado —a cargo de la Defensora en lo Penal N° 3, Stefanía Cifuentes Quiroga— manifestó su oposición al pedido de prisión preventiva. Solicitó que se mantenga la prisión domiciliaria, argumentó que el acusado realiza tareas de mecánica en el mismo domicilio y que necesita generar ingresos económicos para sostener a sus tres hijos menores de edad, dos de los cuales residen en la provincia de Mendoza.
Tras escuchar a las partes, el juez Montiveros Chada dio por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía y resolvió convertir la detención en prisión preventiva por 90 días.
En su resolución, el magistrado aclaró que las medidas de coerción no constituyen un castigo, sino una herramienta prevista por el Código Procesal Penal para proteger el proceso. En este caso, valoró el contexto de violencia de género y consideró que la prisión domiciliaria no resultaba eficaz, ya que el imputado habría incumplido las medidas cautelares impuestas.
Asimismo, remarcó que si bien no se valoran hechos de otras causas para esta resolución en particular, no puede desatenderse el contexto general cuando se trata de hechos vinculados a violencia de género. Indicó que su deber, conforme a los compromisos asumidos por el Estado, es adoptar una mirada amplia e integral que permita preservar la integridad de la víctima y garantizar el desarrollo de la investigación penal.
Fuente: Periódico Judicial de la Provincia de San Luis.
