Desde el 5 de septiembre está en vigencia en el país el nuevo régimen juvenil penal argentino, que endureció el Código Penal Argentino y bajó la edad de imputabilidad para que ya desde los 14 años una persona que cometa un delito pueda ser sometida a un proceso penal y cumpla una condena, si así lo dispone la Justicia. Ese régimen ya lo aplica tal cual el fuero federal. Pero este martes, tras la aprobación del Senado de San Luis, se convirtió en ley el proyecto de modificación que impulsó el gobernador Claudio Poggi para que los procedimientos judiciales previstos en la Ley Nacional 27.801 se ajusten también a la legislación penal de la provincia.
A un margen de la novedad sobre la baja de la edad a partir de la cual alguien puede ser imputado a partir de los 14 años, la nueva normativa incorpora garantías procesales, medidas alternativas a la detención y mecanismos para que los jóvenes sean capaces de asumir la responsabilidad por los delitos que cometen, paguen el daño que hicieron con una reparación y consigan una reintegración social.
La ley con sus respectivos ajustes al Código Procesal Penal de San Luis tiene como base los principios de especialidad, proporcionalidad y mínima intervención, en los que las detenciones serán aplicadas solo en casos excepcionales y de última instancia.
La normativa también regula el uso de la Cámara Gesell, con la intervención de profesionales especializados que garanticen un abordaje adecuado a la edad de los chicos y eviten que, en medio de las vivencias que rememoran con sus relatos, sufran el calvario de la revictimización.
Tiene en cuenta, como en el caso de los mayores de edad, la aplicación de otras herramientas como la mediación penal, el criterio de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba, el juicio abreviado y la disposición de medidas morigeradas que presenten alternativas a la detención, como la amonestación, la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y reparar de manera integral el daño causado a la víctima.
Para los casos más severos, en los que la Justicia vea al encierro como la única salida posible, los chicos permanecerán en establecimientos especializados, separados de los adultos y bajo la supervisión de personal idóneo. La privación de la libertad, además, no podrá extenderse indefinidamente, sino que deberá ser proporcional, revisable y adaptada al menor tiempo necesario, para que la continuidad educativa y la reintegración social de los jóvenes no sea vean trabadas.
