Christian Becher seguirá preso otros tres meses por el robo de fondos millonarios al Molino Fénix

Christian Becher seguirá preso otros tres meses por el robo de fondos millonarios al Molino Fénix

La ratificación de la acusación junto con el pedido de elevación a juicio de la causa penal que tiene a maltraer a la exdiputada Anabela Lucero, su pareja, el diputado Joaquín Beltrán, y los exfuncionarios Exquiel Scarel, Diego Torres y Enzo Lucero por el manejo indebido del Molino Fénix está al caer. En puerta está que el fiscal de Villa Mercedes José Olguín y su adjunto Marcelo Palacio Fernández cierren, al menos, esa primera parte de la extensa investigación que desnudaría esas supuestas maniobras de corrupción durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá y que habrían llevado a cabo ese grupo de legisladores y funcionarios para hacerse de unos $900 millones en fondos públicos.

Por eso, porque antes de fin de año la Justicia podría ponerle una fecha al debate oral, la fiscalía requirió que este fin de semana cuando Christian Hedel Domingo Becher, otro de los tantos detenidos que tiene la causa, cumpla los dos meses de prisión preventiva la Justicia le extienda su alojamiento en el Servicio Penitenciario de San Luis otros tres meses. Y el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, quien le había dictado la medida de coerción resolvió prolongar otros 90 días tal encarcelamiento preventivo.

Olguín y Palacio Fernández, al igual que en las anteriores audiencias, remarcaron que aún están latentes las posibilidades de que, en caso de quedar en libertad, el conocido comerciante de Villa Mercedes intente obstaculizar el curso del proceso penal, ya sea dándose a la fuga, no compareciendo a tribunales o interfiriendo con la producción de pruebas.

Los defensores de Becher, en cambio, los abogados Pascual Celdrán, Soledad Poma de Otaegui y Hanna Enrique Abdallah, objetaron la renovación de la medida de coerción. Calificaron de desmedida la solicitud del Ministerio Público Fiscal, insistieron por la libertad de su cliente y le propusieron al juez que, en el caso de no ver otra alternativa que la privación de la libertad, le concediera al menos la prisión domiciliaria.

De todos modos, los defensores remarcaron que todavía subsiste el principio de inocencia, que ésta es solo una etapa del proceso penal y no deben abusar del encarcelamiento preventivo, como si fuese una “pena anticipada”.

La evidencia recolectada por Olguín y Palacio Fernández les hace inferir que Becher no cumplía un rol cualquiera en el interior de esa presunta red de corrupción, sino que él era “el último eslabón operativo en esa estructura”.

En su calidad de comerciante de combustibles, se ocupaba de recibir “los instrumentos de pago generados a partir de las maniobras investigadas, dándoles luego un destino que le permitía cancelar obligaciones comerciales propias”, detallaron.

Lo llamativo, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, es que, a pesar de que los cheques simulaban muy bien ser emitidos a favor de distintas sociedades o personas, siempre terminaban en poder de la misma persona: Becher.

A continuación, él entregaba esos boletos de pagos a una empresa. Cuando el responsable de esa compañía fue interrogado por los investigadores surgió que recibía los cheques en cuestión como “medio de cancelación de las obligaciones que Becher mantenía con dicha empresa por la adquisición de combustible”. Ese combustible, más tarde, era vendido por el conocido comerciante.

Al momento, según las pruebas reunidas por los fiscales, son 24 los cheques provenientes de las empresas investigadas que dejan en una posición más que complicada al imputado.

En todo ese cuadro de supuesto desvío de fondos, él no aparece como “un hecho aislado ni una relación comercial ocasional”, sino que su intervención constituye una pieza clave en ese “mecanismo organizado, reiterado y funcional” que permitía transformar y canalizar los fondos obtenidos con los artilugios malhabidos, sostuvieron Olguín y Palacio Fernández cuando fundamentaron su pedido de detención.

 

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