En un principio, todo parecía indicar que Joaquín Raúl Beltrán sería suspendido de sus funciones y desaforado en la sesión que la Cámara de Diputados de San Luis llevó adelante este miércoles. Pero, en el tramo final de la sesión, al momento de contar los votos, estos no resultaron suficientes para el retiro de la inmunidad al arresto del diputado provincial y por disposición del presidente de esa Cámara, Ramón Alberto Leyes, se procedió al archivo de tal despacho.
Los números que jugaron a favor de Beltrán en el recuento final fueron: 28 votos positivos y nueve negativos, en el tratamiento por mayoría, y 27 afirmativos y nueve negativos, en su tratamiento por la minoría. “No habiendo alcanzado la mayoría establecida por el Artículo 125 se procede al archivo del despacho”, anunció, seguidamente, Leyes.
Si el resultado hubiera sido el opuesto, el diputado provincial habría quedado a merced de lo que decidiera el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, cuando tuviera que resolver si le dictaba o no la prisión preventiva que, en breve, volvería a solicitar el fiscal instructor 3, José Olguín.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal había requerido su encarcelamiento para continuar con la investigación que tiene al legislador como uno de los presuntos cabecillas de una asociación ilícita que se habría apropiado de unos $900 millones en fondos públicos, durante la administración del Molino Fénix, en el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Eso hubiera significado que, desde la tarde de este miércoles, Beltrán habría dejado de contar con inmunidad a la detención y, en el hipotético caso de que el magistrado considerara procedente su encarcelamiento, hubiera ordenado su arresto y lo hubiera enviado al Servicio Penitenciario de San Luis de inmediato. Allí ya se encuentran desde el lunes 24 de agosto, su pareja, la exdiputada Anabela Lucero, y los exfuncionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero.
“No estoy usando los fueros para esconderme, sino que los fueros me corresponden”
Carlos Roberto Pereyra, el diputado por el Departamento Pueyrredón, el primero en tomar la palabra y abrir el debate, contó que el martes cuando el tema fue tratado en comisión la mayoría coincidió en el desafuero. Expresó que, aunque el Parlamento tiene “tradiciones políticas plurales y heterogéneas” consideraban necesario “allanar los fueros, suspender al diputado de sus funciones” para que la Justicia pudiera determinar si el legislador era culpable o no de los delitos por los que está imputado y pudiera actuar en consecuencia, como establece el debido proceso.
Dijo que, para arribar a esa conclusión, tuvieron en cuenta el antecedente más próximo: Ariel Rosendo, quien fue desaforado por el Senado de la Provincia, en septiembre de 2020, cuando el fiscal Leandro Estrada solicitó su prisión preventiva por un combo de delitos marcados por la violencia de género hacia su expareja y madre de su hija. Recordó que, por aquel entonces, el Senado resolvió quitarle la protección parlamentaria, entre otros motivos, para “salvaguardar el prestigio del Senado, respetar la independencia de los Poderes del Estado y que siempre prime un estado de derecho”.
Mariana Fabiana Zarate, diputada por el departamento Pueyrredón, también dio su voto positivo para retirarle a su par la inmunidad parlamentaria. Explicó, como lo hicieron otros expositores que le antecedieron, que la medida en sí no constituía un juzgamiento o presunción de inocencia o culpabilidad de parte del Poder Legislativo hacia Beltrán, sino que, muy por el contrario, tenía como objeto no obstaculizar el accionar de la Justicia, permitir que actuara con total libertad y siguiera con la investigación penal sin trabas.
La diputada María Eugenia Gallardo, por su lado, quiso subrayar la gran cantidad de ausentes que tuvo la sesión de este miércoles. Mencionó que, de alguna forma, los legisladores que no se presentaron eludieron su deber como tales, ante un hecho de absoluta relevancia social.
Antes de las consideraciones finales, Beltrán no dejó pasar la oportunidad y habló. Fue breve. Remarcó que estuvo siempre ajustado a derecho, que no interfirió en la investigación bajo ningún punto de vista y que solo renunciaría a la protección que le confiere su investidura “cuando corresponda”, no antes. “No estoy usando los fueros para esconderme, sino que los fueros me corresponden, y renunciaré a ellos en el momento de la acusación, que es posterior a este, tal cual está establecido en el Código Procesal Penal de la Provincia”, cerró.
