La mañana de este miércoles Christian Domingo Hedel Becher quedó formalmente notificado de los delitos por los que la tarde del martes fue detenido en la autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del paraje Liborio Luna. En una audiencia presidida por el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, el fiscal instructor 3, José Olguín, pidió su imputación por “fraude a una administración pública” y “asociación ilícita”. En una exposición, en la que también mencionó a grandes rasgos las pruebas que complicarían al conocido comerciante villamercedino, desglosó cómo habría operado dentro de la red de corrupción montada presuntamente por la exdiputada Anabela Lucero, su pareja el diputado Joaquín Beltrán y los exfuncionarios albertistas, Diego Torres, Ezequiel Scarel y Enzo Lucero, detrás de la administración del Molino Fénix, en la que se habrían alzado con unos $900 millones.
Una vez que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) terminó su exponer sus argumentos y antes de que pudiera avanzar hacia el pedido de prisión preventiva u otro tipo de medida restrictiva más leve, Pascual Celdrán, el abogado de Becher, requirió ocho días de prórroga de arresto para su cliente. El defensor solicitó ese tiempo para poder tener acceso a la evidencia con la que cuenta la fiscalía y, a partir de ahí, estar en condiciones de delinear una estrategia defensiva.
El juez hizo lugar al planteo de Celdrán y le otorgó el plazo requerido. Eso quiere decir que el jueves de la próxima semana, cuando se cumpla la prórroga de la detención, el magistrado dará a conocer si lo imputa por los delitos fundamentados por el MPF y, al mismo tiempo, de qué manera continuará el proceso penal; es decir, si en libertad o, muy por el contrario, junto a Scarel y los hermanos Lucero, en el Servicio Penitenciario de San Luis.
Durante la audiencia, Olguín remarcó que no le cabe la menor duda de que el conocido comerciante fue, lo que en derecho llaman, un “partícipe necesario” en esa asociación ilícita, encabezada por Lucero y su pareja, Joaquín Beltrán; pues su participación “aseguraba el desapoderamiento real del dinero”. Explicó que “el dinero salía de las cuentas del Molino Fénix”, bajo la acreditación de un gasto inexistente de un servicio hecho supuestamente al Estado.
Los pagos de esos falsos servicios, que debían correr a cargo de cuentas públicas, eran hechos por transferencias o cheques endosados, indicó el fiscal. Contó que tales cheques aparecían a nombre de una empresa, pero eran “puenteados” a través de un endoso y la persona que siempre se hacía de ellos y los cobraba no era otro que Becher.
Olguín detalló que cuentan con 24 cheques que terminaron en manos del comerciante. Subrayó que, aunque esos comprobantes de pago eran firmados a nombre de numerosas empresas y personas físicas, quienes figuraban al frente de esas supuestas compañías negaron rotundamente haber hecho alguna vez negocios con el Molino Fénix, mucho menos haber recibido algún pago o y/cheque endosado proveniente del complejo de villamercedino.
