Diego Torres, uno de los acusados por la megacausa Molino Fénix, apeló este martes el fallo por el que fue imputado y hasta habían solicitado su prisión preventiva hace dos semanas. Su representante, la defensora oficial Ximena Bertoli, expuso una andanada de argumentos ante un Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes para dejar en claro por qué la hipótesis de los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández es, a su modo de ver, errónea; al menos en el punto que involucra a su asistido en ese universo de delitos por corrupción cometidos durante el último Gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Indicó que la resolución del juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, de hacer lugar a la formulación de cargos por “asociación ilícita”, “administración fraudulenta” y “destrucción de evidencia”, provocó en Torres un daño irreparable, a pesar de que la fiscalía no consiguió probar qué papel desempeñó en toda esa supuesta asociación armada para apropiarse de millones y millones de pesos provenientes de fondos públicos. Señaló que, pese a su vasta exposición del 24 de agosto, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) no pudieron demostrar en qué pruebas se apoyaron para sustentar sus acusaciones y tampoco diferenciaron cómo influyó la evidencia en cada uno de los imputados.
A diferencia de lo que aseveró la fiscalía, sostuvo que su asistido nunca fue funcionario. Dijo que era apenas un empleado público contratado, que jamás tuvo capacidad de administración ni poder de decisión y que, entre las diversas funciones que cumplió en el Molino Fénix, jamás estuvo la del manejo de fondos. Comentó que el acusado, que tiene el mismo nombre que el cantante, ni siquiera posee una formación profesional.
Y para respaldar sus fundamentos mencionó que cuenta con las declaraciones de tres testigos que fueron compañeros de oficina de él. Refirió que esas personas dejaron en claro quiénes daban las indicaciones y cómo su Torres solo se limitaba a obedecer las instrucciones de sus superiores.
Sobre los delitos que le endilgan sostuvo que:
- No hay ni una prueba que acredite cuándo quedó configurada la asociación ilícita y en qué momento su asistido expresó en forma libre y voluntaria su intención de formar parte de ella;
- El simple hecho de que una persona trabaje en una oficina administrativa no significa que tenga a cargo su administración y mucho menos que la ejecute de manera fraudulenta;
- No hay evidencia de que el imputad haya destruido u ocultado pruebas en un intento por obstaculizar el curso de la investigación.
A su turno, Olguín insistió en que exfuncionario llevó adelante innumerables operaciones, manejó la caja chica del Molino Fénix y hasta participó de una “entrega de vales». Apoyándose en esos argumentos, el fiscal instructor le requirió al tribunal que no haga lugar al planteo de Bertoli.
Los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone darán a conocer su decisión, cuando mucho, en 14 días.
