Piden 13 años de cárcel para Anabela Lucero, 14 para Joaquín Beltrán y penas de 6 a 9 años para el resto

Piden 13 años de cárcel para Anabela Lucero, 14 para Joaquín Beltrán y penas de 6 a 9 años para el resto

Ya está. La exdiputada Érica Anabela Lucero, su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, los ex funcionarios albertistas Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres y el empresario Christian Hedel Becher ya saben a qué se enfrentan en la megacausa que los tiene a todos imputados por formar parte de una presunta asociación ilícita, que se habría alzado con unos $900 millones en fondos públicos del Molino Fénix, durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá; aparte de un rosario de otros supuestos delitos de corrupción tan extenso como la Muralla China.

Una fuente le reveló en exclusiva y absoluta primicia a FM Latina que, pasada la medianoche de este sábado 21 de noviembre, los seis fueron notificados de que el fiscal instructor José Olguín, su adjunto Marcelo Palacios Fernández y su equipo de trabajo ratificaron las acusaciones contra todos ellos para que, en breve, vayan a juicio; y así Anabela Lucero sea condenada a 13 años de prisión, Beltrán a 14, Becher a nueve, Scarel y Enzo Lucero a ocho cada uno y Torres a seis.

A partir de este momento, los abogados de cada uno de ellos cuentan con cinco días hábiles para expedirse. Y si los tiempos corren con normalidad, como lo han hecho los últimos meses, pese a las sucesivas apelaciones planteadas por las defensas de Lucero y compañía, en diciembre será inminente la realización de una audiencia de control de acusación que confirmará ante el juez de Garantías 3 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, estos pedidos de penas y consecuente elevación a juicio.

Ahora solo resta que tal solicitud sea remitida al Colegio de Magistrados para que conforme el tribunal que los enjuiciará y fije las fechas para el debate oral, que de seguro tendrá lugar la primera mitad del año próximo.

Justamente porque los fiscales quieren avanzar, para que la causa arribe a juicio cuanto antes, este mismo viernes requirieron otra vez el desafuero de Beltrán. La petición ya llegó a la Cámara de Diputados de la Provincia. Y, si los tiempos también transcurren como esperan, el martes la solicitud será tratada en comisión y el miércoles votarán nuevamente si le quitan el blindaje legislativo a Beltrán o, si como sucedió en septiembre, la Cámara decide que conserve los fueros.

De todos modos, según supo FM Latina, en el hipotético caso de que otra vez el parlamento se incline por proteger al diputado del riñón de Rodríguez Saá, Olguín y su equipo esperarán pacientemente que el legislador cumpla el año de mandato que le queda. Cuando su tiempo en la Cámara haya terminado, la fiscalía procederá a reafirmar la acusación para que sea juzgado a la brevedad.

En una extensísima acusación fiscal de 131 páginas, Anabela Lucero es acusada de cometer un vasto número de veces los delitos de “peculado”, “fraude en perjuicio de la administración pública” y “asociación ilícita”. Los mismos cargos le caben a Beltrán y se le suman “sustracción, ocultación, destrucción e inutilización de registros y documentos confiados a la custodia de un funcionario público” e “inutilización de objetos destinados a servir de prueba”.

Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres, en tanto, están acusados de “peculado”, “fraude a la administración pública” y “asociación ilícita” en varios hechos. Y Becher, el conocido comerciante de Villa Mercedes, también acarrea acusaciones por “fraude a la administración pública”, por los pagos efectuados entre el 16 de septiembre de 2020 y el 22 de noviembre de 2023 a los otros imputados y, por supuesto, por ser miembro de esa presunta banda de delincuentes.

Los fiscales también remarcaron en su requisitoria algo no menos importante y que podría marcar el punto final en las carreras políticas de casi todos los involucrados. Insistieron en la inhabilitación absoluta y perpetua para que Anabela y Enzo Lucero, Beltrán, Scarel y Torres no vuelvan a ocupar un cargo en la función pública, ni siquiera les quepa la posibilidad de conseguir ni el más mínimo rango como empleados públicos.

Por último, pidieron que todos los que están presos en el  Servicio Penitenciario de San Luis (a saber, los dos Lucero, Scarel y Becher) permanezcan ahí, hasta la finalización del juicio oral y público, que podría cobrarse su libertad de los próximos años y años, en fila.

 

 

 

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