Diego Emanuel Torres, uno de los imputados por la causa de corrupción Molino Fénix que salpica el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá, rompió el silencio este jueves, cuando el juez debía resolver si lo enviaría al penal. El hombre, que insistió en definirse como un simple empleado del Complejo Molino Fénix y nunca como un funcionario, confirmó con su relato que recibió órdenes de la exdiputaba Anabela Lucero y su pareja el diputado provincial Joaquín Beltrán para trasladar en dos oportunidades mobiliario, equipos electrónicos, aparatos de luces y sonido de la Casa de la Música hacia otra dirección, hechos que constituyeron el denominado “vaciamiento” del Molino Fénix. También habló de que usaban un colectivo exclusivamente para realizar viajes de campaña y que los empleados debían asistir sí o sí a actos políticos. Respecto a los fondos públicos que habrían desaparecido durante la administración del complejo, contó que durante un año y medio, por expresa orden de Beltrán, realizaba transferencias de dinero y llenaba cheques supuestamente a empresas vinculadas al Molino Fénix, pero sin saber qué destino tenían luego.
Todo eso lo relató el mediodía de este jueves. La inesperada decisión de declarar tomó por sorpresa a los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández, quienes se vieron obligados a solicitar que la audiencia prevista para esta jornada fuera reprogramada para las 18.
Así fue. La audiencia, presidida por el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, la llevaron adelante más tarde y terminó bien entrada la noche. En ella, hubo de todo, además de repetir lo ya revelado horas atrás, Torres puso en conocimiento del magistrado que había recibido “una amenaza”, a través de su teléfono celular, de parte de Virginia Lucero, una familiar de la ex diputada imputada. Si bien no trascendieron datos acerca de qué fue lo que le habría advertido la mujer, Torres adelantó que mañana (viernes) realizará la correspondiente denuncia.
No obstante, más allá de haber declarado todo lo que, según él, sabe sobre el manejo que hubo del Molino Fénix durante la gestión de Lucero, Beltrán y el resto de los acusados, eso no le valió para zafar del encierro. Aunque el juez no dispuso su traslado al Servicio Penitenciario de San Luis por dos meses, como sucedió con casi todos los acusados, sí le impuso 60 días de prisión domiciliaria.
Ese tiempo deberá permanecer bajo tutela de su padre, en su vivienda del barrio Jardín del Sur y con una tobillera electrónica. De manera aleatoria y sin previo aviso, recibirá la visita de policías de la Comisaría 31°, quienes controlaran que cumpla con la medida de coerción que le impide salir del perímetro de la casa de la manzana 6051.
Grupo de WhatsApp “compras.ok”
Torres empezó su declaración respondiendo prácticamente “sí” a todo lo que el fiscal Palacio Fernández le consultó sobre la sustracción de mobiliario del Molino Fénix que realizaron entre la noche del 15 de junio y la madrugada del 16 de junio de 2023 y el 9 de diciembre de ese mismo año, cuando faltaban apenas un par de días para el cambio de gobierno. Mencionó con lujo de detalles las características de todos los muebles, aparatos y documentación que movieron desde la Casa de la Música y un museo que hay en el complejo hacia las direcciones que les ordenaron Lucero y Beltrán, una de ellas “la sede de calles Pringles y Bolivia”.
“Se cargaban mesas, sillas, una mesa de gran porte con vidrio, escritorio y sillones”, señaló. Dijo que en esos traslados también participaron el resto de los imputados y refirió con nombre y apellido a otros empleados. “Al llegar a la sede, cuando terminamos de descargar, por directiva de Lucero y Beltrán, mando una foto para avisar que los que nos habían pedido ya se había realizado”, aseguró. “Bueno, cierren y apaguen todo”, precisó, de manera textual, que le respondió la exlegisladora.
Esos mensajes y otras comunicaciones se las envió a uno de los dos grupos de WhatsApp que utilizaba para contactarse con Lucero y el resto de los involucrados en la causa penal. El grupo se llamaba “compras.ok”. Dijo que también había otro grupo, denominado “chata”. Ese segundo chat grupal estaba integrado por algunos de los acusados y otras personas, que también nombró.
En “chata” hablaban de cómo usar el medio de transporte que había sido destinado al Molino Fénix, pero que empleaban para actividades que nada tenían que ver con el predio, como impulsar la candidatura de Anabela Lucero. Uno de esos vehículos, a preguntas del fiscal, Torres confirmó que era un colectivo. “Era usado para viajar a la legislatura y a otras localidades en campaña”, narró. Describió que en ese micro viajaban, entre otros, empleados de Molino Fénix, a quienes el personal de Recursos Humanos les tomaba lista para asegurarse de que cumplieran con la directiva de ir a dichos actos de campaña.
Hacia el final de su declaración, los fiscales lo interrogaron para conocer el destino, en principio, de los $900 millones de pesos de fondos públicos que habrían desaparecido a través de transferencias y cheques endosados hechos a “empresas fantasma”. Torres contó que durante un año y medio lo confinaron a una oficina a realizar transferencias y completar cheques, cuyos firmantes siempre eran Beltrán, Scarel y Enzo Lucero, hermano de Anabela. “En reiteradas oportunidades pedí que pusieran a alguien para ayudarme con eso, pero no lo hicieron”, dijo sobre esa tarea que, según él, hizo en solitario.
Señaló que Beltrán le enviaba facturas y le decía en qué momento del día o el mes debía efectuar tal o cual transferencia o completar tal cheque. “Me mandaba a mí a rellenar los cheques. Pero yo nunca los firmaba, llenaba el destinatario y el mondo y, al menos, dos de los tres firmantes los sellaban. Podía ser el señor Beltrán, Lucero o Scarel”, afirmó.
Si bien indicó que, por lo general, iban dirigidos a proveedores que realizaban actividades propias para el Molino Fénix, en alguna que otra oportunidad tenían otros destinatarios. “Muchas veces Beltrán me decía si quedaba algún cheque con una firma y me encontraba con que a veces me mandaba, de la nada, fotos de cheques ya emitidos y que él ya había llevado. Yo desconozco si hubo alguna maniobra extraña, sí recuerdo que alguna vez completé cheques para alguna empresa extraña que mencionaron… Pero mi actividad llegaba hasta ahí nomás. A veces él mismo se llevaba el cheque y lo terminaba, pero yo desconocía, una vez que salía de la oficina, a dónde iban los fondos”, recalcó.
