La causa penal contra los exministros de Seguridad albertistas, Luciano Anastasi y Claudio Latini, el actual diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí y los exintendentes de San Francisco del Monte de Oro y Cortaderas, Jeremías Vivas y Mario Canali, por presuntas maniobras de corrupción en la administración de fondos públicos en el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá sigue su curso en los tribunales de San Luis.
En el intento porque no todo termine como se encamina, en un juicio oral, en el que algunos podrían afrontar pedidos de cinco años de prisión, la defensa de Anastasi requirió que el exfuncionario sea sobreseído. Su representante, la defensora oficial Cecilia Cabello, planteó que no existió irregular en el manejo de los contratos por obras públicas que le cuestionan a su asistido, sostuvo que fueron celebrados bajo la normativa vigente y que los anticipos estaban autorizados como correspondía.
De igual modo, esos argumentos no fueron suficientes para convencer a la jueza de Garantía 4, Luciana Banó. La magistrada no hizo lugar al pedido de sobreseimiento y hasta dispuso la inhibición general de bienes por otros seis meses al resto de los imputados.
Anastasi, el otro exministro, el actual diputado nacional y los exintendentes de Alberto Rodríguez Saá son investigados por “fraude en perjuicio de la Administración Pública”, “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Las averiguaciones, a cargo de la fiscal instructora 6, Linda Maluf, penen el foco en cinco contratos impulsados en el 2022 entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia y las municipalidades de La Toma y San Francisco del Monte de Oro, para ejecutar obras de refacción en distintas dependencias policiales.
Los convenios establecían anticipos del 30 % del monto contratado y un plazo de 60 días para terminar los trabajos. De acuerdo con la investigación fiscal, los fondos públicos fueron transferidos, pero las obras nunca fueron ejecutadas y tampoco hicieron los debidos controles.
En La Toma, los contratos contemplaban tareas edilicias por $8.801.502,25, mientras que en San Francisco del Monte de Oro las obras proyectadas superaban los $7.337.352,38.
Banó resolvió que los plazos de ejecución de las tareas de La Toma vencieron cuando Anastasi aún era ministro y que no surgían de las constancias de la causa intimaciones dirigidas al municipio para exigir su cumplimiento.
La magistrada explicó que, respecto a San Francisco del Monte de Oro, si bien los plazos vencieron después de que el exfuncionario dejara el cargo, es esencial establecer si le dio el visto a las transferencias sabiendo sobre los presuntos incumplimientos anteriores.
Aclaró que, aunque el Tribunal de Cuentas aprobó las rendiciones de los fondos utilizados, ese control se refiere a la documentación y a los aspectos contables de las operaciones, pero eso no quiere decir que las obras contratadas hayan sido ejecutadas ni que hayan cumplido con las obligaciones.
