Señor presidente de la República, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores:
He aceptado con mucha alegría la amable invitación que se me ha dirigido para visitar esta tierra uruguaya. Agradezco, señor presidente, las palabras que acaba de pronunciar y las atenciones con que han querido recibirme. Mi saludo se extiende igualmente a quienes representan aquí a las instituciones de la República y a las naciones acreditadas ante el país.
Desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, dondequiera que se encuentren. Durante estos días tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país. Entre esos lugares, Florida ocupa un sitio particular, donde se venera a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, Patrona del Uruguay. Al comenzar mi visita deseo poner bajo su protección a quienes encontraré en mi camino. Su presencia acompaña una página decisiva de la historia nacional y continúa reuniendo hoy a generaciones muy distintas de uruguayos.
Esa misma historia conserva otro episodio que quisiera traer aquí a la memoria. Pienso en el Éxodo del Pueblo Oriental de 1811, conocido también como la Redota. No necesitamos alejarnos de este lugar para evocarlo, puesto que el monumento a Artigas, situado en el centro de esta plaza, lleva en su pedestal un friso de bronce en el que Angelo Zanelli representó escenas de aquella marcha. Quisiera detenerme en algunos detalles de esas figuras, pues ofrecen un punto de partida concreto para mirar también al Uruguay de hoy.
En lo alto del monumento, Artigas aparece solo, a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, formando parte de aquella multitud. Este detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció poco después ante los representantes orientales reunidos en el Congreso de abril de 1813: «Mi autoridad —dijo— emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana» (Oración inaugural: Archivo Artigas, t. XI, doc. 82). En una frase unía el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce: recibirla de una comunidad concreta y responder ante ella.
En 2025 se cumplieron cuarenta años de democracia ininterrumpida en Uruguay, durante los cuales se sucedieron distintos gobiernos por decisión de los ciudadanos. La autoridad pública encuentra su razón de ser en el servicio al bien común y está llamada a ejercerse dentro del orden jurídico, respetando la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Const. past. Gaudium et spes, 74). De ahí el valor de los cauces que permiten participar en la vida pública, delimitar con claridad las competencias de las instituciones y elegir a quienes asumen el encargo de gobernar (cf. ibíd., 75).
El bien común comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido. Como recordó mi Predecesor, el Papa Francisco, «la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras» (Carta enc. Laudato si’, 159). Esta responsabilidad se traduce en las decisiones que afectan al uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía. En las últimas décadas Uruguay ha transformado profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables. Es un resultado notable que ha requerido decisiones sostenidas durante años y la participación de diversos sectores del país. El paso dado plantea ahora nuevos desafíos en el transporte, la producción y el uso responsable de la tierra, el agua y la energía. Pensar a largo plazo significa precisamente administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras.
La mirada hacia el futuro alcanza también a quienes habrán de habitar esta tierra: a las condiciones en que podrán nacer y crecer, y a las oportunidades que encontrarán a lo largo de su vida. La evolución demográfica del Uruguay hace especialmente concreta esa preocupación. En uno de los frisos que se encuentran en el monumento, se representa a una mujer que lleva en brazos a un bebé. Lo sostiene estrechamente mientras a su alrededor continúa la marcha.
Ese gesto de protección nos lleva a pensar en la vida que comienza, también en aquella que todavía crece en el seno materno. Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece. Jesús mismo quiso asumir esta condición al encarnarse. Acoger una nueva vida requiere que el padre se comprometa junto a la madre, que la familia preste su apoyo y que existan unas condiciones sociales que permitan a ambos criar y cuidar a sus hijos. La protección de quien va a nacer y el apoyo de quienes lo acogen son inseparables. La familia sigue siendo el primer ámbito en el que cada persona es acogida y aprende a vivir con los demás. San Juan Pablo II, que también tuvo la alegría de visitar esta tierra, lo expresó con una frase que conserva toda su fuerza: «el futuro de la humanidad se fragua en la familia» (Exhort. ap. Familiaris consortio, 86).
En otra parte del friso, vemos a varios niños que caminan junto a los adultos. Ellos forman parte del pueblo incluso antes de poder participar en sus decisiones o contribuir con su trabajo. Quienes entonces avanzaban junto a los adultos acabarían recibiendo, a su vez, la responsabilidad de continuar la vida común. Por eso, cuidar a los más pequeños incluye necesariamente asegurarles una educación adecuada. El hogar en el que un niño crece, la alimentación que recibe y la presencia de adultos que lo acompañan sostienen sus primeros años; la educación prolonga esa tarea, desarrolla sus capacidades, forma su juicio y lo prepara para participar con libertad y responsabilidad en la vida de la sociedad (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Gravissimum educationis, 1).
La formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo. El trabajo se convierte así en uno de los cauces que permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien de los demás. Conviene recordar que «el trabajo está “en función del hombre” y no el hombre “en función del trabajo”» (S. JUAN PABLO II, Carta enc. Laborem exercens, 6). Este criterio conserva toda su actualidad ante los rápidos cambios de la tecnología y de la inteligencia artificial. El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo.
Entre las figuras del monumento encontramos también a una anciana encorvada, que avanza con dificultad apoyándose en un bastón. En torno a una de las carretas, varias personas se acercan unas a otras y extienden los brazos; algunas parecen más pendientes de ayudarse entre sí que de apresurar el paso. También quienes necesitaban apoyo para continuar formaban parte de aquel pueblo. Su pertenencia no dependía de la fuerza, la autonomía o la capacidad de aportar. Tampoco hoy puede medirse el valor de una persona por lo que produce, por su trabajo o por su capacidad de valerse por sí misma. «La dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada» (Carta enc. Magnifica humanitas, 53).
El bronce conserva sus rostros y sus gestos, pero nada nos dice de lo que cada uno llevaba dentro mientras avanzaba entre los demás. También hoy podemos vivir rodeados de personas, compartir con ellas el trabajo, la calle o incluso el propio hogar, y desconocer el peso que llevan consigo. La soledad, la angustia y la pérdida de esperanza pueden llegar a ser tan profundas que una persona deje de encontrar razones para continuar viviendo. Ante la dolorosa realidad del suicidio, la atención sanitaria, los vínculos familiares y la cercanía de la comunidad resultan inseparables. Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia.
Otras formas de sufrimiento se manifiestan en el cuerpo o en las condiciones de vida. La enfermedad, la discapacidad, el dolor físico, la pérdida de autonomía, la pobreza, la falta de trabajo o la exclusión pueden hacer especialmente necesaria la ayuda de los demás. Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido. Esta experiencia me lleva a pensar en tantos hombres y mujeres que carecen de medios para obtener un diagnóstico oportuno o recibir los tratamientos que necesitan. Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad. Quien atraviesa cualquiera de estas situaciones no deja por ello de ser miembro pleno de la sociedad ni pierde nada del valor de su vida. En esas circunstancias, su fragilidad hace más urgente que reciba la asistencia, los recursos y el acompañamiento que necesita.
La atención debida a quienes sufren compromete a toda la familia humana. Para la Iglesia, este deber encuentra una razón particular en el mandato de Jesucristo de reconocerlo y servirlo en los más necesitados (cf. Mt 25,40). Como recordó Benedicto XVI, «la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre» (BENEDICTO XVI, Carta enc. Spe salvi, 38). De ahí que a todos corresponda procurar que cada persona pueda vivir con dignidad, recibir los cuidados que necesita y ser acompañada hasta el término natural de su vida.
Por medio de sus diócesis y comunidades y de tantas personas dedicadas al servicio de los demás, la Iglesia desea colaborar con cuantos trabajan por aliviar el dolor cuando es posible y por sostener a la persona cuando este no puede ser eliminado. A esta tarea común aporta lo que le es propio: una esperanza que no se extingue cuando los recursos humanos encuentran su límite y que recuerda a quien atraviesa la prueba que su vida conserva siempre un sentido y un valor, que no está solo y que tampoco en la oscuridad ha dejado de ser amado por Dios.
Aquella multitud que avanzaba junto a Artigas reunía también a personas de muy diversa condición. En el relieve, una mujer de atuendo distinguido sigue a pie una carreta, mientras otros conducen los animales o transportan sus pertenencias. Aquellas diferencias también forman parte de la historia del Uruguay, donde generaciones de hombres y mujeres de distintas procedencias y condiciones sociales hicieron de esta tierra una patria común.
Quienes forman parte de un mismo pueblo pueden partir de situaciones muy diferentes y disponer de recursos desiguales. Por ello, la manera en que se organiza y orienta la economía termina repercutiendo directamente en las condiciones de vida de las personas y en sus posibilidades de construir su propio futuro. La creación de riqueza, la inversión y la iniciativa económica —tanto pública como privada— son necesarias para el desarrollo de un país, pero sus frutos han de traducirse también en bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos, pues «son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias» (Carta enc. Magnifica humanitas, 58).
La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte también de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos. El carácter laico del Estado está llamado a garantizar un espacio en el que creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto, porque hay valores que son universales. Esta neutralidad no exige que la dimensión religiosa quede confinada al ámbito privado. Como enseña el Concilio Vaticano II, nadie debe ser obligado a obrar contra su conciencia ni impedido de actuar conforme a ella, tanto en privado como en público, individualmente o en asociación con otros, dentro de los debidos límites (cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decl. Dignitatis humanae, 2-3). Desde esta libertad, las personas y las comunidades religiosas pueden contribuir al bien común, respetando la autonomía de las instituciones civiles.
El respeto y la convivencia que se procuran dentro de una nación han de orientar también sus relaciones con otros pueblos. La propia Constitución uruguaya dispone que, en los tratados internacionales, la República procure que las controversias sean resueltas mediante el arbitraje u otros medios pacíficos y promueva la integración social y económica de los Estados latinoamericanos (cf. art. 6). Que Montevideo sea además sede de la Secretaría del Mercosur da particular concreción a esa vocación de favorecer espacios de entendimiento y cooperación en la región. En tiempos en que las diferencias pueden convertirse fácilmente en motivo de enfrentamiento, perseverar en el respeto al derecho, en la negociación y en la búsqueda paciente de acuerdos constituye un servicio que Uruguay puede seguir ofreciendo a sus vecinos.
Quisiera volver, antes de concluir, a aquella marcha representada en el centro de esta plaza. La Redota ocupa un lugar singular en la memoria uruguaya: recuerda a un pueblo puesto a prueba, que debió dejar atrás mucho de lo que tenía y procuró permanecer unido en medio de la incertidumbre.
Los relieves de este monumento se prolongan por las cuatro caras del pedestal. Desde un solo lugar apenas podemos contemplar una parte de aquella multitud. Para descubrir a los demás es necesario acercarse, recorrerlo y detener la mirada en sus personajes. El pueblo aparece precisamente en el conjunto. En aquella multitud podemos reconocer algo que permanece en la vida del Uruguay: la responsabilidad de unos hacia otros, que permite a personas de distintas generaciones y condiciones continuar construyendo una historia común.
A ese Uruguay he venido como Sucesor de Pedro y como pastor, con el deseo de encontrarme con la Iglesia que peregrina en esta tierra y de acercarme, con afecto, a todo su pueblo. Los vínculos entre la Santa Sede y el Uruguay se remontan a los primeros años de su vida independiente. En ese contexto, mi Predecesor, el Papa Gregorio XVI, confirmó las facultades del Padre Dámaso Antonio Larrañaga y lo designó Vicario Apostólico de la República mediante un breve apostólico del 14 de agosto de 1832. Aquel acto, de naturaleza eclesiástica, ha sido interpretado también como un reconocimiento implícito de la independencia del nuevo Estado oriental, que entonces procuraba afianzar su posición entre las naciones.
Con una historia de fe y servicio que se remonta a siglos atrás, la Iglesia desea seguir ofreciendo al pueblo uruguayo aquello que ella misma ha recibido —a Jesucristo y la esperanza de su Evangelio— y colaborar desde su propia misión con cuantos trabajan por el bien común y la dignidad de cada persona.
Que estos días nos permitan fortalecer cuanto nos une y renovar la confianza con la que se afrontan las dificultades y se prepara lo que está por venir. Que Dios bendiga al Uruguay y que María Santísima, a quien este pueblo se confió en las horas de su nacimiento, siga acompañándolo a lo largo de su historia. Muchas gracias.
