La defensa de Christian Domingo Hedel Becher, el reconocido comerciante de Villa Mercedes apuntado de ser un eslabón esencial en el supuesto robo de $900 millones de fondos públicos, a través del Molino Fénix, decidió no usar los ocho días de prórroga de la detención que había solicitado, en principio, el miércoles y requirió una audiencia para este martes. Como experimentado abogado penalista, Pascual Celdrán apeló a todos los argumentos a su alcance para lograr no solo que su cliente no sea imputado por “asociación ilícita” y “fraude a una administración pública”, sino también que no corriera la misma suerte que parte del resto de los acusados, la exdiputada Anabela Lucero y los exfuncionarios albertistas Exequiel Scarel y Enzo Lucero, quienes están presos desde el 24 de agosto. El defensor de Becher no consiguió evitar las imputaciones y tampoco el encarcelamiento preventivo, que será también de dos meses, como los otros imputados que tiene la causa de corrupción que sacude al último gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
El juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, consideró que había pruebas suficientes, al menos hasta ese estadio del proceso penal, para hacer lugar a las imputaciones. También, como expuso la fiscalía, entiende que si Becher continuaba libre podría poner en riesgo el curso de las averiguaciones y por eso se inclinó a dictarle el encarcelamiento preventivo. No obstante, no lo hizo por el lapso de cuatro meses planteado por el fiscal instructor José Olguín sino por la mitad de ese tiempo. Celdrán, por su lado, ya adelantó que insistirá ante un tribunal para que, en el peor de los casos, le concedan la prisión domiciliaria.
La evidencia recolectada por Olguín y su adjunto Marcelo Palacio Fernández les hace inferir que Becher no cumplía un rol cualquiera en el interior de esa presunta red de corrupción, sino que él era “el último eslabón operativo en esa estructura”.
En su calidad de comerciante de combustibles, se encargaba de recibir “los instrumentos de pago generados a partir de las maniobras investigadas, dándoles posteriormente un destino que le permitía cancelar obligaciones comerciales propias”, detallaron los fiscales en su exposición.
Lo llamativo, según la teoría del Ministerio Público Fiscal, es que, a pesar de que formalmente los cheques simulaban ser emitidos a favor de distintas sociedades o personas, dichos boletos de pago terminaban siempre en poder de Becher.
A continuación, el ahora detenido entregaba esos cheques a una empresa. Cuando el responsable de esa compañía fue interrogado por los investigadores surgió que él recibía los cheques en cuestión como “medio de cancelación de las obligaciones que Becher mantenía con dicha empresa por la adquisición de combustible”. Ese combustible, más tarde, era vendido por el conocido comerciante.
Al momento, según las pruebas reunidas por los fiscales, son 24 los cheques provenientes de las empresas investigadas que dejan en una posición comprometedora al imputado a quien le esperan 60 días de encierro por delante.
En todo ese cuadro de supuesto desvío de fondos, Becher no aparece como “un hecho aislado ni a una relación comercial ocasional”, sino que su intervención constituye una pieza clave en ese “mecanismo organizado, reiterado y funcional” que permitía transformar y canalizar los fondos obtenidos con los artilugios malhabidos, sostienen Olguín y Palacio Fernández.
