Hacía casi tres meses que los efectivos de la Policía Federal seguían los movimientos que se registraban dentro y fuera de una vivienda del barrio San José de Villa Mercedes. El dato que manejaban los investigadores era que el dueño de ese inmueble, que en el exterior lucía como una casa, había montado ahí una especie de “kiosco” de drogas. El jueves, luego de meses de seguimiento y vigilancia, los policías allanaron el domicilio y confirmaron su hipótesis.
Revisaron cada rincón, pero hallaron casi toda la droga que allí había en el pantalón del principal sospechoso, Juan Carlos Juárez. Le encontraron 28 dosis con cocaína y un arma de fuego. Ante los ojos de sus dos hijos y unos amigos, lo detuvieron y lo retiraron esposado del lugar.
La fiscalía lo imputó por comercializar estupefacientes y solicitó su prisión preventiva; y el juez Juan Carlos Nacul la autorizó. Estará en el Servicio Penitenciario de San Luis, en principio, hasta febrero de 2027.
La investigación comenzó en junio de 2026 y estuvo a cargo de la Fiscalía Federal. En las diversas tareas de “vigilancia, análisis criminal y recorridas preventivas”, los efectivos federales detectaron “maniobras compatibles con el narcomenudeo” en algunas de las personas que entraban y salían de Europa 15.
El día del allanamiento en el domicilio estaban, además del imputado de 46 años, sus hijos de 22 y 25, un amigo de él, de 52 años, y un amigo de los jóvenes, de 22. Cuando los federales revisaron a Juárez le descubrieron 33 mil pesos en el bolsillo de un pantalón y una caja de plástico con 27 envoltorios con cocaína, en el otro bolsillo.
En la inspección de su dormitorio hallaron, en otro pantalón, otra dosis más con la droga blanca y un revólver, calibre 22, sin municiones. Como no contaba con la autorización de tenencia del arma de fuego, se la secuestraron.
Cuando la fiscalía le formuló cargos por venta de estupefacientes, la defensa de Juárez no pudo rebatir la evidencia en su contra y las pruebas reunidas, hasta este momento de la investigación, fueron suficientes para convencer al juez de dictarle el encarcelamiento preventivo por 163 días.
