Los fiscales de Villa Mercedes José Olguín y Marcelo Palacio Fernández protagonistas esta semana de un hito judicial en la provincia, como lograr encarcelar a cinco figuras, entre exlegisladores y exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá, por un megacombo de delitos corrupción, no se detienen.
Y este jueves demostraron una vez más que el lunes hablaban muy serio cuando adelantaron que insistirían ante la Cámara de Diputados de la Provincia para que le retiren la protección parlamentaria al diputado Joaquín Beltrán, para así poder solicitar nuevamente ante el juez de Garantías Santiago Ortiz la prisión preventiva del legislador. El requerimiento de la fiscalía fue enviado la mañana de este jueves y antes de las dos de la tarde ingresó a la Cámara y ya se encontraba en manos de su presidente, le confirmó una fuente en exclusivo a FM Latina.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) conocen el procedimiento parlamentario y saben que no todo se da de un momento a otro. Están al tanto de que previo a ser tratado en sesión, el tema debe ser debatido en una comisión. Pero esperan que los tiempos los acompañen y la Cámara de Diputados dé su dictamen definitivo el próximo miércoles.
Si Beltrán es desaforado, como tanto anhelan los fiscales, sin dejar pasar otro día requerirán una nueva audiencia ante el juez de Garantías para plantear el encarcelamiento preventivo. En el caso de que el magistrado haga lugar a la medida privativa de la libertad, el diputado provincial podría ser enviado al Servicio Penitenciario de San Luis la semana que viene. Allí se encuentran desde el lunes su pareja, la exlegisladora albertista, Anabela Lucero, y los exfuncionarios Exequiel Scarel, Diego Torres y Enzo Lucero.
Beltrán y su pareja fueron imputados hace cuatro días por presuntamente ser los jefes de una asociación ilícita que habría operado con, al menos, siete empresas y cinco proveedores fantasmas para hacerse de unos 900 millones de pesos, todo aprovechando su posición al frente del Complejo Molino durante el último gobierno de Rodríguez Saá. Esa estructura delictual se completaba, según la investigación, con el otro Lucero, quien es además hermano de Anabela, Scarel y el acusado que se llama igual que el cantante de “Color esperanza”.
Además de “asociación ilícita”, fueron imputados por “ocultamiento y destrucción de pruebas” y “administración fraudulenta”. Y, como si eso no bastara, a ese rosario de delitos hay que añadirle las formulaciones de cargos vigentes por “peculado”, “abuso de autoridad”, “malversación de caudales públicos” y otro hecho por “administración fraudulenta”, que les pesa también desde el 14 de marzo.
Los fiscales explicaron que requirieron dos meses de prisión porque calculan que eso demorarán en terminar de producir las pruebas que faltan para cerrar el expediente, ratificar la acusación y pedir la elevación a juicio de la causa. No obstante, Olguín y Palacio Fernández están conscientes de que este caso empezó, pero ni finalizará solo con Anabela Lucero y compañía, sino que puede que sea parte de algo mucho más grande y de que lo todo lo han expuesto hasta ahora quizás solo sea la punta de un ovillo, una que podría conducirlos a una gigante bola de nieve con muchos más nombres.
Pero los funcionarios del MPF quieren que la sociedad, ante tantos presuntos hechos de corrupción que involucran fondos públicos, tenga cuanto antes la respuesta que merece de la Justicia.
Por eso procederán por partes. Harán todo lo posible para concluir la investigación, que incluye a Lucero, Beltrán, Scarel, Torres y el otro Lucero, en los próximos 60 días. De esa forma, el primer trimestre de 2027 los cinco acusados podrían ya estar en condiciones de afrontar el juicio oral que, sin dudas, constituirá otro hecho histórico.
