Los problemas ante la Justicia Federal de 13 personas que fueron arrestadas en la Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles y Río Cuarto, en distintos momentos de la semana pasada, se afianzan. Todos fueron llevados ante el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, para que la fiscalía los pusiera al tanto, ya de manera formal, sobre qué delito les imputan y también cómo continuaría el proceso judicial por el que ya no son libres. El resultado de la audiencia fue que el magistrado aceptó la formulación de cargos contra todos los detenidos, por ser sospechosos de comercializar drogas en diferentes puntos de la provincia de San Luis y Córdoba, dispuso que siga la investigación y que sean trasladados de inmediato al Servicio Penitenciario, donde estarán por los siguientes cuatro meses, hasta el 18 de diciembre.
Esteban Manuel Fernández, Samuel Iván Becerra, Nicole Alexandra Calderón, Elisa Milagros Vildoza González, Diego Marcelo Rivero, Miguel Alejandro Rivarola, Matías Ezequiel Sosa, Jonatan Gabriel Fernández, Kevin Leonel Cuellar, Kevin Ezequiel Salinas, Bianca Camila Lemos, Luis Ezequiel Battiato y Mía Agostina Romero fueron imputados por presuntamente negociar estupefacientes, delito agravado por “la participación de tres o más personas”. Entre todos ellos, el juez dispuso una salvedad solo respecto a González Vildoza para que sea revisada por médicos que puedan constatar su estado de embarazo y, de ser necesario, sea tratada por personal psiquiátrico.
Los arrestos de los supuestos integrantes de la banda fue escalonada. La primera parte fue el domingo pasado, cuando un grupo de policías de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, como parte de la Misión Sarmiento, interceptó un Ford Ka en la ruta provincial 1, entre Cortaderas y Los Molles. En el auto iban cinco adultos que habían partido de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, donde parecían haberse abastecido de una buena cantidad de drogas.
Ese procedimiento dio lugar a dos allanamientos en la provincia de Córdoba, en una verdulería y una casa de Río Cuarto y otras ocho requisas en suelo sanluiseño, puntualmente en dos viviendas y un taller mecánico de la Villa de Merlo, cuatro domicilios de Carpintería y otro en Los Molles. Las averiguaciones les indicaban a los investigadores que todos esos lugares operaban como centros de acopio y venta de sustancias.
Allí incautaron cocaína, valuada en 19.800.000 pesos, y marihuana, que costaría unos 1.410.000 pesos. Con todas esas pruebas, el juez autorizó la detención de los 11 presuntos miembros de la banda. Pero el trabajo de la Justicia Federal no murió allí, sino que siguió el miércoles. Ese día los efectivos de Lucha Contra el Narcotráfico allanaron un domicilio de Cortaderas, situado en un camino rural, que también funcionaba como “kiosco” de drogas. Hallaron “cocaína valuada en $48.000; florescencias y una planta de marihuana; teléfonos celulares; dinero en efectivo; una balanza de precisión, una patente y documentación”, detalló Relaciones Policiales.
Detuvieron, entonces, al hombre que residía en esa vivienda y también a otra persona cuyo nombre surgió tras ese último procedimiento.
