Érica Anabela Lucero, la exdiputada del riñón de Alberto Rodríguez Saá, seguirá en el penal de San Luis hasta fines de enero. Sí, así lo confirmó un Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes cuando los abogados de la dirigente política y también el defensor de Exequiel Scarel y Enzo Lucero, los otros dos exfuncionarios detenidos por presuntamente robar, al menos unos $900 millones en fondos públicos con el Molino Fénix, apelaron el fallo anterior. Cuando ese tiempo se cumpla, habrán completado cinco meses de prisión, con la posibilidad latente de que el encierro sea prorrogado hasta la finalización del juicio.
No obstante, los jueces que ratificaron su encarcelamiento consignaron en su resolución un pequeño detalle que tal vez no eche totalmente por tierra las esperanzas de la exlegisladora de salir del Servicio Penitenciario antes. Aclararon que si la mujer logra demostrar con estudios médicos fehacientes que su salud corre peligro, por la supuesta rotura de un implante mamario u otro problema de fuerza mayor, no descartan la posibilidad de concederle el arresto domiciliario.
Hace dos semanas, en la audiencia en la que el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz, extendió su prisión preventiva, a través de una videollamada, Lucero contó entre tibias, pero constantes lágrimas que, desde que está en el penal, había bajado unos ocho o nueve kilos, estaba bajo mucho estrés y que un médico le había advertido que si continuaba así, con niveles tan bajos de magnesio y otros indicadores, hasta podría infartarse.
Pero el problema para la exlegisladora es que, pese a haber realizado varias presentaciones y pedidos médicos, hasta ahora no ha dado muestra acabada de que su salud está en riesgo. De hecho, antes de que intercediera con llanto de por medio ante el juez Ortiz, los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández dejaron constancia en el expediente del resultado de los estudios practicados, así como de la conclusión de los profesionales que la revisaron. Todos coincidieron en que su implante no presentaba rotura, que su dolor se puede tratar tranquilamente con analgésicos, incluso de venta libre, y que no requiere ser operada de urgencia.
En su fallo del viernes pasado, los jueces Hernán Herrera, Cintia Martín y Marcelo Bustamante Marone repasaron el planteo de Esteban Bustos y Adriel Cabello, los abogados de la exdiputada, el que hicieron para requerir, cuanto mínimo, convertir la prisión preventiva en una domiciliaria. Recordaron que expusieron al detalle “el cuadro de salud que padece la imputada —consistente en la afectación de una prótesis como consecuencia de un traumatismo sufrido el 17 de septiembre, la realización de más de diez traslados a centros de salud, la prescripción de analgésicos de potencia como Tramadol y una intervención quirúrgica pendiente—, rechazando enfáticamente las imputaciones relativas a una supuesta simulación de su estado clínico”.
De todas formas, los tres magistrados resolvieron que la salud de la que da cuenta la mujer puede modificar la medida de coerción siempre y cuando acredite, con prueba médica, que “el alojamiento en el establecimiento es incompatible con el tratamiento que requiere”. Resaltaron que las numerosas salidas a centros de salud demostrarían hasta esta instancia (y dentro del limitado ámbito de conocimiento de este tipo de audiencias) que le han brindado atención, pero no confirman por sí solas esa incompatibilidad.
Dejaron asentado, de igual modo, que si en el futuro de algún informe del Servicio Penitenciario Provincial o una pericia médica salta a la luz tal incompatibilidad, la defensa estará en condiciones de pedir otra vez la revisión de la prisión preventiva.
