Anabela Lucero, la exdiputada imputada por presuntamente formar parte de una asociación ilícita que robó unos $900 millones con la administración del Molino Fénix, está a una semana de cumplir los 60 días de prisión preventiva que le dictaron y quizás recuperar la libertad. Pero sus abogados, Esteban Bustos y Adriel Cabello, hacen todo lo posible para que el encierro en el penal quede sin efecto antes o, al menos, lograr una medida de coerción más morigerada en vista de una situación “crítica, grave y angustiante” que, según dicen, atraviesa la dirigente política del riñón del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.
Contaron que, desde que recibió un pelotazo en el pecho en la cárcel, padece “dolores inhumanos”, que ni dormir le permiten y la han llevado a ser internada siete veces en menos de un mes. Tan acuciante es su cuadro clínico que el profesional que la atiende determinó que debe ser intervenida quirúrgicamente, sostienen. El problema —remarcaron los defensores— es que “el sagrado derecho a la salud” le es negado sistemáticamente por la Justicia, pues ahora el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, le negó el permiso para someterse a la cirugía.
Lucero permanece en el Hospital Central “Ramón Carrillo” desde la noche del miércoles. Señalaron que desde el 17 de septiembre, cuando fue golpeada intencionalmente con una pelota en un playón del Servicio Penitenciario de San Luis, “quedó con hipertensión y no se la pueden controlar”. Cabello dijo que ya experimentó numerosos “picos de presión”, por los que tuvo que ser trasladada varias veces al centro médico, pero el de mitad de semana fue el más grave y por eso la dejaron internada.
Bustos comentó que, en un momento, la derivaron a Maternidad y luego la regresaron al “Ramón Carrillo”. El golpe, que le produce tal dolor insoportable, lo recibió justamente en la zona del pecho donde ya fue operada hace tiempo para la colocación de prótesis. “Logramos, a duras penas, que se nos haga lugar a una autorización para que ella pueda ver a un cirujano y el especialista nos elevó diversos informes que nos hicieron saber el estado en el que se encuentra y que debe ser intervenida quirúrgicamente”, relató el letrado.
Cabello precisó que le practicaron una resonancia magnética y una ecografía. “El cirujano vio esas imágenes y le dio turno para verla, pero la cita no pudo ser porque el juez Ortiz no lo autorizó”, indicó. El magistrado le negó dicho permiso —se quejó el defensor— porque no consideró urgente la operación, aunque “los informes dicen que sí lo es”. Es más, el abogado de Lucero resaltó que en un pasaje de su resolución el juez de Garantías habló de “la dolencia que dice tener”, como poniendo en duda el padecimiento de la imputada o restándole credibilidad.
No obstante, Bustos adelantó que seguirán batallando, por las vías judiciales, para “morigerar la medida de encierro y solicitar lo que corresponda para preservar el derecho sagrado de la salud y de vivir” de su clienta. Dijo que, como defensores, están preocupados porque de continuar así no saben con qué se van a encontrar.
