Hace una semana Diego Emmanuel Torres, uno de los acusados por la megacausa Molino Fénix, apeló el fallo por el que fue imputado por un combo de delitos de corrupción y hasta habían solicitado su prisión preventiva. Por medio de la defensora que le provee el Estado, Ximena Bertoli, expuso un rosario de argumentos con los que trató de convencer a un Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes de que en el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá nunca tocó ni manejó fondos en el Complejo Molino Fénix porque jamás se desempeñó como funcionario, sino que fue un empleado como obedecía órdenes como cualquier otro.
Pero este lunes recibió otro revés de parte de la Justicia. Los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone resolvieron por unanimidad no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la defensa, en su pretensión de ser eximido de toda responsabilidad penal. De esa manera quedó confirmada la causa en su contra por “asociación ilícita”, “administración fraudulenta” y “destrucción de evidencia”, además de las imputaciones por “peculado” y “administración fraudulenta” con las que ya contaba desde marzo.
En este nuevo fallo, el tribunal modificó de manera parcial la resolución que había dictado el juez de Garantías 4, Santiago Ortiz. En lugar de calificar a Torres como “coautor” lo hizo como “partícipe necesario” de “fraude en perjuicio de la administración pública”.
Los jueces consideraron que “habiéndose acreditado prima facie que Torres conocía la operatoria y prestó una colaboración de carácter indispensable para la consumación del perjuicio patrimonial a la administración pública, su responsabilidad debe encuadrarse estrictamente bajo la forma de participación necesaria”.
El martes de la semana pasada, la defensora oficial argumentó que el veredicto de Ortiz, de hacer lugar a la formulación de cargos por “asociación ilícita”, “administración fraudulenta” y “destrucción de evidencia”, provocó en su asistido un daño irreparable, a pesar de que la fiscalía no consiguió probar qué papel desempeñó en toda esa supuesta asociación armada para apropiarse de millones y millones de pesos provenientes de fondos públicos.
Señaló que, pese a su vasta exposición del 24 de agosto, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal (MPF) no pudieron demostrar en qué pruebas se apoyaron para sustentar sus acusaciones y tampoco diferenciaron cómo influyó la evidencia en cada uno de los imputados.
A diferencia de lo que aseveró la fiscalía, sostuvo que Torres nunca fue funcionario. Dijo que era apenas un empleado público contratado, que no tenía capacidad de administración ni poder de decisión y que, entre las diversas funciones que cumplió en el Molino Fénix, jamás estuvo la del manejo de fondos. Señaló que ni siquiera contaba con una formación profesional.
