Eran dueños de empresas tan exitosas que no se dedicaban a otra cosa más que a facturar y a facturar, como si no hubiera mañana. Y ni enterados de ello estaban. Así de absurdo. Casi como acertar el Quini 6 sin haber comprado nunca un billete con los seis números afortunados, ni haber pisado en la vida una agencia de quiniela. Eso descubrieron los fiscales de Villa Mercedes José Olguín y Marcelo Palacio sobre las personas que figuraban como las propietarias de las siete empresas que presuntamente trabajaban o estaban conectadas a la exdiputada albertista Anabela Lucero, su pareja, el diputado provincial Joaquín Beltrán, y los exfuncionarios Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres, a la hora de realizar pesados movimientos de dinero que, hasta el momento, contabilizarían unos 900 millones de pesos.
Pero los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) también confirmaron que esas personas, esos supuestos empresarios no eran tales, sino gente humilde que en algunos casos no vivía más que de changas. En otras palabras, no tenían ni la más pálida idea de que sus nombres eran utilizados sin su autorización para hacerlos figurar al frente de compañías “fantasmas”, que no hacían otra cosa más que recibir y transferir dinero, en principio, entre los cinco imputados y protagonistas de la megacausa de corrupción Molino Fénix.
Los fiscales llegaron a ellos cuando al rastrear lo que, a esta altura, podría bautizarse como “la ruta del dinero L” se toparon, gracias a los registros, con operaciones comerciales paralelas que Lucero y el resto habrían mantenido con empresas cuyas actividades eran inexplicables. “¿Por qué estas empresas facturan tanto?”, se plantearon Olguín y Palacio rascándose las cabezas.
Fue, entonces, cuando ambos solicitaron el registro de comercio de esas supuestas firmas. Una vez que les entregaron sus legajos saltaron a la luz nombres, los de sus presuntos dueños. Los titulares del MPF no perdieron el tiempo y llamaron a declarar a quienes aparecían, a todas luces, como los exitosos empresarios. Uno de esos “grandes hombres de negocios” llegó a los tribunales de Villa Mercedes, para cumplir en tiempo y forma con el requerimiento de los fiscales, en su único medio de transporte: una bicicleta.
“¿Qué empresa? Si yo no soy dueño de nada”, así de estupefactos respondieron, en gran medida, todos. “Es gente a la que le han usado el nombre o les han dicho ‘ándate a firmar a la escribanía que vos vas a ser autorizado para hacer tal trámite’ y así las hacían figurar en empresas truchas”, le comentó en exclusiva una fuente de la investigación a FM Latina.
A dichas compañías ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) ya las tiene encasilladas en su base de datos de facturas apócrifas, denominada APOC. Bajo esa clasificación recaen aquellos contribuyentes cuyas actividades no están respaldadas por operaciones comerciales reales y no presentan más que inconsistencias fiscales. “No sale que tienen empleados, ni que tienen domicilio; solamente que cuentan con facturación, pero no prestan ningún tipo de servicio”, resumió el abogado de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, sobre las siete empresas fantasmas detectadas en las averiguaciones. Algo así “como están, pero no están”, pues no existen más que a la hora de facturar un dinero que no pueden justificar.
De acuerdo a lo que desmenuzaron los fiscales durante la maratónica audiencia del lunes, esas compañías “hacían facturas apócrifas” y luego emitían “cheques a la orden” para poder así ser cobrados por terceros. Después las sumas de esos cheques, una vez cobrados, se convertían en cash. De eso modo los fiscales descubrieron que, al menos, algunos de los imputados se movían de esa manera, a lo Manuel Adorni, con grandes sumas de efectivo en un mundo donde casi toda la plata es virtual. “Qué gran coincidencia que a la arquitecta, que le hizo la casa, Beltrán le pagó todo, millones de pesos, en efectivo”, expresó el informante no tan sorprendido ya.
