El actual encargado de la Fiscalía de Instrucción 3 de Villa Mercedes, José Olguín, no quita el pie del acelerador. Y, a unas horas de haber logrado algo histórico, como enviar a la cárcel a la exdiputada albertista a Anabela Lucero y a otros dos exfuncionarios del gobierno de Alberto Rodríguez Saá (por presuntamente adueñarse de unos 900 millones de dólares de fondos públicos), ya solicitó audiencia en la Justicia para formularle cargos, nada más y menos, que al expresidente del Colegio de Magistrados de San Luis, Guillermo Saá Petrino. La investigación que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) lleva adelante desde el año pasado le indica que dicho letrado fue el cabecilla de una administración fraudulenta, que habría vaciado la caja del Colegio y que tuvo como partícipes, además, a Marcelo José Senatore Pecchini y María Fernanda del Cerro.
En el escrito donde requiere la audiencia, Olguín aclara que no cuenta con una fecha o lapso preciso en el que llevaron adelante la supuesta defraudación. Por eso tomó como referencia el día que fue asentada la denuncia, es decir, el 29 de septiembre de 2025.
El hecho que encendió las alarmas y terminó en una denuncia penal salió a la luz tras la renovación de la comisión directiva del Colegio de Magistrados. La nueva conducción, encabezada por Fernando Spagnuolo, impulsó una auditoría que dejó en evidencia un presunto faltante cercano a los 6 millones de pesos y 58 cheques rechazados, de los cuales 54 habrían sido emitidos sin fondos suficientes.
De acuerdo al informe contable, en su gestión Saá Petrino, habría utilizado la cuenta institucional como propia. Así habría transferido dinero a cuentas personales y de familiares y a comercios sin relación con el fin social de la entidad.
