La tarde del lunes, a poco de que el juez de Garantías 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, tuviera que abstraerse de todo y dedicarse plenamente a pensar su resolución, Anabela Lucero apeló a todo para que el magistrado no se inclinara por el pedido de la fiscalía: enviarla al penal por los próximos dos meses. Cuando tuvo la chance de hablar insistió en que es inocente y que la causa penal contra ella, su marido, el diputado Joaquín Beltrán, y los exfuncionarios Exequiel Scarel, Diego Torres y Enzo Lucero, no se trata más que de un armado, un entramado político que busca hundirla a ella y el resto de los imputados. Después, en la misma audiencia y a través de su abogado Esteban Busto, le ofreció 4 millones de pesos al tribunal, prometió no salir de la provincia y ni arrimarse al predio del Complejo Molino Fénix. Pero no funcionó. Cuando el juez comunicó su fallo aceptó las imputaciones que la señalan a ella y Beltrán como los jefes de una asociación ilícita que operó con los otros tres exfuncionarios, para hacerse de unos 900 millones de pesos durante el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Les dictó la prisión preventiva a casi todos y ordenó su inmediato traslado al penal.
Los únicos que no fueron enviados al Servicio Penitenciario de San Luis fueron Torres y Beltrán. El magistrado explicó que considera que de todos el implicados el que se llama igual que el cantante de “Color esperanza” siempre se mostró ajustado a derecho y estuvo a disposición de la Justicia. Por eso no ve necesario que sea encarcelado, pues libre no trataría de entorpecer la investigación, concluyó.
El caso de la pareja de Lucero es diferente. Ortiz aclaró que no decidió sobre su encarcelamiento preventivo porque antes debe ser desaforado y ese no es su territorio, sino que es potestad de la Cámara de Diputados de Provincia. Una vez que dicha Cámara le quite los fueros de los que goza como diputado provincial, recién ahí, el juez de Garantías estará en condiciones de resolver su inminente traslado al penal.
Una defraudación de fondos públicos sin precedentes
Todos fueron imputados por “administración fraudulenta”, “ocultamiento y destrucción de evidencia” y “asociación ilícita”. El fiscal instructor José Olguín y su adjunto Marcelo Palacio expusieron que el daño a la administración pública fue ejecutado desde 2020 a 2023. Contaron que todos aprovecharon los roles que tuvieron en el Molino Fénix, durante el anterior gobierno, y dispusieron de fondos públicos en beneficio propio o de terceros. Utilizaron para ello diferentes mecanismos y artilugios fraudulentos, como facturas truchas, para hacerse de unos 900 millones de pesos.
Realizaron, por ejemplo, contrataciones directas a empresas radicadas en otra provincia y que no eran proveedores del Estado Provincial, reconstruyeron. Tales tácticas las efectuaban violando las normas contables. Una prueba de ello, refirió Olguín, es el hecho que de 116 cheques que relevaron en la investigación, sólo cuatro se encontraban en orden. Los fondos del resto habrían sido desviados a terceros.
Los fiscales remarcaron que aunque el daño está hecho, no piensan desacelerar las averiguaciones. Puesto que ahora resta determinar qué otras personas inflaron sus billeteras con esas maniobras.
Explicaron que la asociación ilícita se termina de configurar porque existió un acuerdo entre personas para cometer delitos. Ese pacto estuvo activo de 2020 a 2023 y contó con una estructura organizada, en la que cada uno de los integrantes de la banda tenía un rol designado. Precisaron que los cinco acusados movilizaron servicios y emplearon vehículos afectados a la campaña electoral de Anabela Lucero y que hasta habían armado una red de pagos.
Aseguraron que las pruebas les indican que participaron en más de una decena de hechos, entre ellos, uno captado en video el 9 de diciembre del 2023, cuando vaciaron la Casa de la Música del Molino Fénix.
Finalmente, Olguín y Palacio argumentaron que dicha asociación ilícita buscó destruir, ocultar, alterar y sustraer elementos probatorios, registros o documentos (confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público), todo con tal de no quedar en evidencia ante la Justicia. Relataron que a mitad de 2023, con el cambio de gestión de gobierno, la exdiputada albertista y el resto de los imputados trataron de hacer desaparecer pruebas que los ligaban con el combo de delitos ya desmenuzado. Sostuvieron que Lucero y Beltrán borraron evidencia digital que había en sus teléfonos y redujeron a cenizas registros contables que echaron a un horno de barro.
“Es una defraudación a la administración pública como nunca se ha visto”, resumió en una frase durante la audiencia y también ante el micrófono de FM Latina, Flavio Ávila, el abogado que representa a la Fiscalía de Estado.
