El misterio se develó en parte y la familia de “soberanos reales naturales” podrá volver al Mundo, su hogar; aunque su “terranave” quedó secuestrada. El jueves, el juez de Familia José Ramiro Bustos dio por acreditada la identidad de la pareja y de los niños que el lunes ingresaron a la provincia con documentación no válida pero que, según ellos, es de jurisdicción internacional. Finalmente, un familiar que reside en Chile aportó documentos de identidad argentinos y chilenos que dieron cuenta de sus verdaderos nombres y nacionalidades, salvo de la hija menor, que nunca fue asentada. La Justicia Federal espera un informe para cotejar esas identificaciones y saber si Sergio y An, como se autopercibe la pareja, no tienen pedidos de captura nacional o internacional.
Una fuente de la Justicia Federal aclaró que el grupo familiar nunca fue separado y que desde antenoche ya no están en el Destacamento 40 de Los Cajones, sino “con custodia” en una casa particular.
En la audiencia que el juez federal Carlos Nacul y otros funcionarios judiciales trataron de llevar adelante con la pareja el miércoles a la mañana, An les dijo que, obligándolos mediante coacción a identificarse con sus credenciales de la “ficción jurídica”, como llaman a las leyes nacionales, también los obligaban a cometer un delito contemplado en su esquema de creencias.
Quizá preocupados por el destino que pudieran tener los chicos, que de no acreditarse que eran sus hijos podían quedar bajo la tutela de Familia, accedieron a aportar los documentos, confirmó Nacul ayer, aunque no estableció si el hecho de que fueran documentos chilenos y argentinos implica una doble nacionalidad o que algunos de los miembros de la familia nacieron en el país.
Un parto en casa
An también aportó una declaración jurada en la que afirma que su hija menor, quien actualmente tiene 2 años, nació asistida por su padre Sergio y que es su descendencia, o “extensión”, como llaman a los hijos. “Con esa declaración jurada, el juez Bustos dio por sentado que el nacimiento se produjo y que la madre es la que dice ser en conjunto con el padre”, explicó el juez federal, aunque el magistrado de Familia instó a la pareja a que en el lapso de 72 horas asiente a la pequeña en el registro civil del país que corresponda, que sería en Chile.
Ante la falta de colaboración que demostraron el miércoles, la Justicia Federal ordenó la extracción compulsiva de huellas dactilares de los adultos, pero finalmente accedieron a hacerlo voluntariamente el jueves a la mañana. Esas impresiones serán cargadas al Registro Nacional de las Personas (Renaper) y al Registro Nacional de Reincidencia (RNR) para ver si hay coincidencia con sus DNI y también saber si registran algún tipo de antecedentes a nivel nacional. A nivel internacional, la consulta se hará a través de la colaboración de Interpol.
“Luego podrán seguir viaje”, confirmó Nacul. El tema es en qué, ya que aún debe resolverse la situación de la camioneta Honda CRV gris en la que circulan, a la que llaman “terranave”, y que tiene una chapa patente casera con la inscripción UCC-1-308 y la frase “propiedad privada”, no coincidente con la de ningún país.
Según An, la “terranave” no requiere de papeles, fue dada de baja en Chile y ya no pertenece a la “corporación”, como denominan al sistema social ordinario y sus instituciones. Ayer, el fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, informó que la camioneta quedará secuestrada por no tener documentación y bajo la sospecha de que se trataría de un vehículo importado de forma irregular.
“Soberanos reales naturales”
El miércoles a la mañana, Nacul y Rachid estuvieron a punto de perder la paciencia en la frustrada audiencia con la pareja. De principio a fin, An interrumpió a los funcionarios judiciales alegando: “Ustedes no son autoridad. Mi autoridad es el Primer Creador, como la de todos los seres vivos. Ustedes son interdictos”.
Para empezar dijo: “¡Habeas corpus! Habeas corpus, señor juez. Soy una mujer viva, vengo aquí con la ley de la tierra en la que nací y que me acompaña a donde yo voy. Ese es el derecho de las gentes, usted no tiene jurisdicción sobre nosotros, son incompetentes para administrar nuestros asuntos”.
“Nos tienen aquí secuestrados hace 48 horas y no nos han dado ninguna causa de delito. No hemos cometido ningún delito y ustedes nos están obligando o queriendo coaccionar para que nosotros nos identifiquemos con una ‘ficción jurídica’, la cual es del Estado y no nuestra”.
Y luego increpó al juez federal: “¿Dónde dice en la Constitución que un habitante de la nación deba asociarse a la ‘ficción jurídica’? No es la misma jurisdicción. Usted está cometiendo un delito para con nosotros. No somos ciudadanos, somos soberanos, no tiene jurisdicción, no son una autoridad para con nosotros”.
Mientras recogía los datos para las dos notas que publiqué, no dejé de preguntarme qué son los “soberanos reales naturales”. La investigación no fue tan extensa, pero no pude encontrar en internet referencias, documentos o sitios web de miembros. Tampoco sé si son una comunidad, una asociación, un grupo o filosofía.
Pero a través del personaje de Patricia Funes, una mujer que dice estar graduada en Derecho en Estados Unidos y que ofició una especie de juicio en Facebook para acusar a la Policía puntana y Federal, a la Justicia Federal, a la local, al Estado argentino y al gobierno puntano por lo ocurrido, obtuve una transcripción de la Carta Magna de los “soberanos reales naturales”, que versa: “Nosotros, eterna esencia, completamente manifestada en cuerpo de carne, hueso y sangre incluyendo esta encarnación en particular, también percibida como ‘las gentes’, nos reunimos en este sentir constituyente bajo la protección del Primer Creador para el bien común de los seres, para la justicia real, para manifestación de la vedad absoluta, para reprimir la mentira y erradicar el deshonor aquí y en cualquier lugar en el que se manifieste en esta ‘terra nulius’ (tierra de nadie en latín) sin fronteras que constituye el plano donde vivimos, decretamos y declaramos que la citada Carta Magna es válida para todos los seres vivos de la Tierra incluyendo su naturaleza geográfica y lo contenido en ella, y que no podrá ser impugnada por subrepción, obrepción, nulidad ni aun de carácter extraordinario, por cualquier otra fuerza o defecto, ni aplazados o impedidos. Sus efectos son que perpetuamente valdrán y tendrán plena confirmación y firmeza, y será irrito e ineficaz lo que por cualquier autoridad ficticia, conscientemente o por ignorancia, pudiese atentar contra ello. Por lo tanto, es ilícito para ninguno de nosotros violar esta página de nuestra confirmación, aprobación, comunicación, constitución y mandato o ir en contra de ella con impudencia temeraria. Pero si alguno se atreve a intentarlo, hágale saber que incurrirá en la indignación del Primer Creador”.
Fuente: EDR
