Expuso varios argumentos para continuar el proceso penal como un ciudadano libre. Desde el hecho de que no tendría la intención de obstaculizar la investigación, ni mucho menos darse a la fuga, hasta apelar al delicado estado de salud de su hijo menor, quien necesitaría tenerlo cerca y no lejos, apartado en el penal.

Antes de que el día llegue a su fin, el Tribunal de Impugnación de Villa Mercedes ante el cual intercedió la defensa de Becher, para dar vuelta el fallo del juez Santiago Ortiz que dispuso 60 días de prisión preventiva, dio a conocer su resolución. Y la historia no cambia para el empresario: continuará donde está hasta cumplir los dos meses de encarcelamiento.

Para empezar, los magistrados Hernán Herrera, Cintia Martín y Marcelo Bustamente Marone coincidieron con los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio Fernández en que existen las pruebas suficientes, al menos hasta este estadio, para imputar a Becher como partícipe necesario de “asociación ilícita” y “fraude en perjuicio de la administración pública”.

Las objeciones para dirimir si la tipicidad de la figura penal y la valoración de la evidencia son las correctas o no son “cuestiones propias de discusión sustancial que deberán ventilarse en la oportunidad procesal del
debate oral”, sostuvo el tribunal en su fallo.

Tuvieron en cuenta, además, que las medidas alternativas propuestas por Celdrán, de liberar a su cliente bajo la prohibición de salir del país y de no mantener ningún tipo de contacto con testigos de la causa, resultan insuficientes y poco idóneas para garantizar la continuidad sin problemas del proceso judicial.

Respecto a la posibilidad de la prisión domiciliaria aclararon que su tratamiento corresponde al juez de Garantías competente y no a ese tribunal.  Se abstuvieron, entonces, de pronunciarse sobre esa petición.

No obstante, en su veredicto, no hicieron oídos sordos a “la situación de salud” que atraviesa uno de los hijos de Becher. “En  atención al interés humanitario de su hijo menor —en sintonía con lo dispuesto respecto a los coimputados Exequiel Scarell y Erica Anabela Lucero— y sin perjuicio de lo que oportunamente resuelva el Juez de Garantías, arbitre un régimen de contacto y visitas adaptado a las necesidades especiales del niño, garantizando la preservación del vínculo familiar”.

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Al día siguiente, en dos domicilios situados en distintos puntos de la ciudad, hallaron cueros, vísceras y algunos elementos empleados para carnear animales. Según comunicaron en un parte de Relaciones Policiales, para los efectivos casi todo lo incautado provenía de “El Recuerdo”, pero para la Fiscalía de Instrucción 5 las pruebas que presentaron los uniformados no sirvieron para demostrar la conexión de esos dos supuestos cuatreros con el abigeato de ese establecimiento rural. Por eso los sospechosos fueron liberados. Y los productores camperos no dejaron pasar la disposición judicial y, cansados de denunciar sin tener de parte de la Justicia la respuesta que esperan, requirieron mediante un comunicado contar con una fiscalía agropecuaria especializada.

La difusión de tal mensaje también generó una respuesta de parte de la fiscal instructora Gisela Milstein y su adjunta Mariana Olguín. Recordaron que los policías allanaron domicilios y, en el ejercicio de sus facultades, “ordenaron la libertad de los demorados, comunicando de manera telefónica a la Fiscalía Nº 5, que no reunían elementos vinculantes para relacionar a estas personas con la autoría del hecho”. De todas maneras, aclararon que están en etapa de investigación para establecer “en qué circunstancias se produjo el hecho, como así mismo para esclarecer quién o quiénes fueron los autores del mismo”.

Para Carlos Cavadore, tesorero de la Sociedad Rural Río Quinto y delegado desde hace 20 años ante la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), al igual que otros productores rurales, esa explicación no tiene asidero. Puesto que, hasta donde sabe, desde la fiscalía dispusieron la restitución de la carne, en mal estado, al dueño de “El Recuerdo”. “Si los 480 kilos no son de ese campo, porque dicen que no tienen pruebas, ¿por qué se lo entregan?”, planteó indignado.

Aquí el comunicado completo firmado por las siete sociedades rurales:

«Quienes suscriben, en la representación de las Entidades Rurales de la provincia de San Luis, manifestamos nuestra profunda preocupación por la reiteración de hechos delictivos ganaderos particularmente al abigeato, faena clandestina, sustracción de animales y demás delitos cometidos en establecimientos rurales.

Motivan especialmente esta presentación un reciente procedimiento realizado en zona rural de la provincia, respecto del cual se nos ha informado que personal policial habría logrado identificar a los autores, localizar elementos vinculados al hecho, e individualizar el lugar donde presuntamente se realizaba la faena, produciéndose posteriormente la libertad de las personas.

No pretendemos sustituir los fiscales ni desconocemos las medidas restrictivas de la libertad, sino que debe ajustarse estrictamente a la constitución y al código penal, si exigimos conocer qué respuesta concreta recibe un productor cuando recibe un delito y/o que sucede con el ENORME ESFUERZO policial para esclarecerlo.

Cuando la policía investiga, moviliza recursos, reúne elementos probatorios identifica sospechosos y pone el resultado de su trabajo a disposición de la justicia, quien deja perder todo dicho esfuerzo. La comunidad rural percibe no existe una respuesta acorde a la gravedad de los hechos percibiéndose una pérdida de confianza en las instituciones y una comprensible sensación de impunidad.

LOS PRODUCTORES RURALES NECESITAMOS QUE DENUNCIAR SIRVA.

LOS PROODUCTORES AGROPECUARIOS NECESITAMOS TENER NUESTRA PROPIA FISCALIA RURAL AGROPECUARIA».

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Los hombres, de 34 y 35 años, y la mujer, de 32, fueron trasladados al penal. Mientras que la sospechosa de 64 años dejó de estar privada de la libertad en una dependencia policial para pasar a estarlo en una vivienda particular. Todos son investigados por violar la ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Tres de ellos fueron detenidos el jueves pasado cuando el personal antinarcóticos de la Policía de la Provincia les cayó a un domicilio de la manzana 94 del barrio 500 Viviendas Norte, a una casa de calle Yapeyú al 2000, una vivienda de la manzana “C” del barrio ATE 3, todos situados en San Luis, y a una casa de la manzana “C” del barrio Dupuy, en Juana Koslay.

Las inspecciones resultaron lo que los efectivos suelen llamar “positivos” porque hallaron elementos vinculados a los delitos que investigaban. Encontraron envoltorios de nylon con cocaína granulada y solidificada, suficiente para elaborar 6.016 dosis y valuadas en aproximadamente 36 millones de pesos, paquetitos de nylon con marihuana, para preparar 78 dosis y con un valor de unos 310 mil pesos, teléfonos celulares, recortes de nylon y 234 mil pesos en efectivo.

El sábado, en una ampliación de los procedimientos, arrestaron al hombre de 35 años, el último de los sospechosos de regentear uno de esos cuatro “kioscos” de drogas.

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Pero ahora no todo parece estar dicho. Pues la fiscalía no pudo disponer la detención de los dos hombres que fueron sorprendidos con la carne, porque “no había evidencia” de que perteneciera a los ovinos del campo en cuestión. Es verdad que los ocupantes de la furgoneta no pudieron acreditar la procedencia de lo que llevaban, pero tampoco había pruebas de que fuera de “El Recuerdo”, le confirmó una fuente judicial a FM Latina. Por eso sus demoras se convirtieron rápidamente en libertad.

De hecho, según explicó el mismo informante, desde la Fiscalía de Instrucción 5, a cargo de Gisela Milstein, nunca dispusieron la liberación de los presuntos cuatreros de 27 y 34 años, porque, en realidad, en el Ministerio Público Fiscal (MPF) no estaban al tanto de que habían sido demorados. De todas formas, los elementos probatorios que los efectivos pusieron en conocimiento del personal que trabaja en esa fiscalía no resultaron suficientes para demostrar que era el botín de tal robo cuatrero o estaba relacionado con ese hecho.

También hay versiones cruzadas respecto al destino que pudieron tener los 480 kilos de carne hallados en la Renault Express. De acuerdo con lo que dijo la fuente judicial, en la fiscalía estaban al tanto de que tenían “un mal estado” y ya no eran aptos para el consumo. Pero Diego Romera, el dueño de “El Recuerdo”, le comentó a este medio que su empleado, el encargado del lugar y quien realizó la denuncia, se ocuparía de recibir la carne que la Policía le entregaría.

Otro dato que señaló el informante es que la carne encontrada en la furgoneta ni siquiera pertenece a cuatro vacas. “Eran tres media res. Eso es un animal y medio”, aclaró. E insistió en que no hallaron marca o cualquier otra pista que diera cuenta de que pertenecían al campo de Liborio Luna. Al respecto de ese último punto, Romera indicó que su empleado habría identificado que eran de los vacunos faenados por el color del pelaje.

La Policía también había informado que allanó dos domicilios, un inmueble ubicado en ruta 2b y otro en Tucumán al 900. Allí había secuestrado cueros, restos de vísceras, cuchillos, una sierra a batería, sogas y otros elementos relacionados a la faena. Uno de los cueros tenía grabado la marca de fuego referente al campo donde sustrajeron los ovinos, detalló Relaciones Policiales. Pero eso tampoco coincidiría con lo que le fue informado a la fiscalía, pues, según consta en el sumario, no encontraron marca de “El Recuerdo”.

No obstante, para tener un panorama claro Romera, quien vive en Mendoza, ya se encuentra camino a la provincia de San Luis. Adelantó que hablará con los policías y los fiscales a cargo para saber lo que, en verdad, sucedió. De lo único que tiene certeza es que de las ocho vacas que tenía solo le queda la mitad y hace tan solo 30 días que puso en marcha ese campo, ubicado a unos 20 kilómetros de Villa Mercedes. Los cuatreros le dejaron, como macabro recuerdo, las vísceras y las cabezas de sus animales.

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Esas personas ya fueron notificadas y cada una tiene fecha para presentarse en la sede de la Justicia Federal y responder a las preguntas de la fiscalía. Algunas tienen cita para el 14, 15, 17 y 22 de octubre. Y, según aclaró Rivadera, no son investigados por un delito en particulara sino por varios, entre ellos, “homicidio culposo”, “encubrimiento” y “falsificación y destrucción de documentación publica”.

El lunes de la tragedia, el capitán de 33 años había hecho pruebas aéreas durante toda la tarde. Ese día, alrededor de las 19, a poco de despegar, la máquina le manifestó algo que no le permitía seguir: una posibilidad es que haya perdido potencia. Cuando un avión del modelo A4 AR pierde potencia, el motor se paraliza y la única opción posible para quien lo conduce es la eyección, explicó un piloto.

Pero así tal cual estaba posicionada la aeronave no era posible ejecutar de manera segura la eyección, pues se hallaba a muy poca distancia del suelo a causa de que había perdido el tubo de escape, señaló el letrada. Por eso Testa La Rosa “lleva adelante una maniobra a los fines de que el avión, que había perdido el empuje, generara una mayor altura”, relató.

Seguidamente, se eyectó y el paracaídas se abrió. Pero nada salió bien. “El avión, cuando se precipita, estaba lleno de combustible y eso provocó una gran explosión, con una gran radiación y calor que alcanzó al piloto”, reconstruyó. El fuego desintegró el paracaídas, expuso a un altísimo calor al capitán y lo hizo caer a unos 50 metros del suelo.

La aeronave se vino abajo y se estrelló contra los pastizales del predio de la V Brigada Aérea, cerca de la pista. Tres dotaciones de bomberos voluntarios «El Fortín» trabajaron durante horas para extinguir las llamas.

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“Los datos de pobreza son una foto vieja. Ya expliqué que los cuarenta proyectos que hubo en el Congreso tratando de derrumbar el equilibrio fiscal; los siete intentos de juicio político, que fueron intentos de golpe de Estado; y los veinte mil terroristas que echamos este año, sumado a los diez mil del año pasado, son todas cosas que tienen su consecuencia”, manifestó para deslindarse de su responsabilidad en el incremento del número de personas pobres.

Según su palabra, los 30.000 terroristas son “gente que viene de otros países y se infiltra para tratar de dinamitar el modelo argentino”. “Eso tiene consecuencia, no es gratis. No se puede creer que sea neutral. Eso derivó en un frenazo que tuvo la economía en el segundo semestre y eso después tiene un rezago”, dijo en una entrevista que le concedió a Luis Majul.

Aseveró también en que el consumo está en niveles récord, pero aclaró que cambió la manera en que compran los argentinos. “El consumo está en máximo histórico, lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, dijo y dio como ejemplo el crecimiento del comercio electrónico.

Además, le restó peso a la suba de la desocupación y señaló que el 7,9 % registrado se ubica por debajo del promedio histórico de la Argentina. E insistió en que en su gestión se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y que, si descuentan la reducción del empleo público, la generación de puestos en el sector privado alcanza los 600.000.

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Ávila, de 34 años, fue arrestado por los efectivos de la División Investigaciones en un domicilio de la manzana 3. Tenía pedido de detención ordenado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial, informó Relaciones Policiales.

La investigación empezó a partir del llamado de una vecina que se comunicó al 911. Desesperada la mujer le avisó al personal de guardia del Centro del Operaciones que, con urgencia, los efectivos se allegaran a las manzanas 42 y 43 del barrio República porque acababan de atacar a una persona que ya, a simple vista, parecía muerta. En pocas palabras, contó que había visto al asesino golpear en la cabeza a la víctima con una piedra. Cuando se desplomó, el atacante no perdió ni un segundo y escapó a toda prisa del lugar.

Cuando los policías llegaron al sector donde había ocurrido la agresión vieron a Almirón. El hombre de 59 años yacía en la calle, sin signos de vida ya.

A los minutos, cuando el personal médico arribó confirmó que ya no había nada que hacer para salvarlo. Había fallecido por el salvaje piedrazo que le pegaron en el cráneo.

La esposa de Almirón, que estaba en la zona, relató lo mismo que había narrado quien llamó al 911. Pero agregó dos datos más que sirvieron a los investigadores para llegar luego al ahora detenido: el homicida era una persona conocida por la familia y no por buenas razones, sino porque arrastraba problemas “de vieja data” con la víctima.

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Pero a los policías de Villa Mercedes les llevó unas 24 horas dar con ellos, los principales sospechosos del abigeato. Los dos hombres fueron sorprendidos en una furgoneta con un botín del que no se pudieron deshacer fácilmente: unos 480 kilos de carne de vacunos recién faenados.

El robo cuatrero fue en un campo ubicado a unos 20 kilómetros de Villa Mercedes. La Policía inició la investigación el jueves cuando el encargado del establecimiento detectó la sustracción de cuatro vacas de raza Aberdeen-Angus, tres de pelaje negro y uno colorado.

Las primeras averiguaciones de los efectivos de las comisarías 12° y 29°, Guardia Rural y Policía Ambiental dieron sus frutos rápidamente cuando interceptaron un furgón Renault Express, en el que iban dos sospechosos con un cargamento difícil de explicar.

Los uniformados secuestraron la carne, demoraron a los hombres de 27 y 34 años y los trasladaron a la comisaría ubicada en el barrio La Ribera.

Pero eso no fue todo. De ese procedimiento y de otras diligencias se desprendieron datos que condujeron a los investigadores a dos domicilios, en los que podrían hallar lo que faltaba del botín, así como más pruebas de cuatrerismo.

Con el aval de la fiscalía y el juzgado de turno, los policías allanaron un inmueble situado en la ruta provincial 2B y otro en Tucumán al 900.

Allí secuestraron cueros, restos de vísceras, cuchillos, una sierra a batería, sogas y otros elementos vinculados a la faena, detallaron los voceros de Relaciones Policiales. Uno de los cueros tenía grabado la marca de fuego perteneciente al campo donde sustrajeron a las vacas.

“La carne y parte de los cueros recuperados fueron restituidos al damnificado, quien los reconoció como de su propiedad”, informaron. En tanto, sigue la investigación para establecer de dónde proviene uno de los cueros que no era de ningún ovino del establecimiento rural del denunciante.

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Se presentó espontáneamente en la Subcomisaría 24°, le confirmó una fuente en exclusivo a FM Latina. Desde temprano, con autorización de la fiscal instructora 5, Gisela Milstein, los policías habían comenzado a buscarlo con cuatro allanamientos que llevaban a cabo en diferentes puntos de la ciudad.

El ataque, que tuvo toda la intención de matar al joven de 29 años, ocurrió alrededor de las 15:30, indicó el  informante. El agresor sacó un arma y abrió fuego en una vereda. “La víctima se metió rápidamente en un domicilio para resguardarse y el otro, por una ventana o puerta abierta, le disparó varias veces”, contó la fuente.

Más allá de que el principal sospechoso se entregara en la seccional policial de jurisdicción, los investigadores ya habían determinado su autoría a partir de “testimonios que permitieron reconstruir el hecho”. De acuerdo con los datos recabados, Pitaro y su agresor arrastraban, desde hacía años, problemas y ninguno para tomar a la ligera. “El detenido había amenazado con armas en reiteradas oportunidades a la víctima y su familia”, comentó.

“Lo hirió de gravedad en el rostro”, subrayó una fuente judicial. Debido a la seriedad de los balazos que sufrió tuvo que ser trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis, donde continúa internado.

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Debido a la gravedad de las heridas y la necesidad de una atención más especializada, la víctima fue trasladada al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis, le confirmó una fuente judicial a FM Latina.

“El disparo fue con claras intenciones homicidas”, señaló uno de los investigadores. Las averiguaciones están a cargo de la fiscal instructora 5, Gisela Milstein.

Ampliaremos.

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