Cuando los empleados fueron hasta el lugar referido confirmaron que, tal cual les habían alertado, alguien intencional o accidentalmente lanzó una gran cantidad del combustible allí y el líquido petrolífero tapó la red cloacal.

Fue en la esquina de Asia y avenida 25 de Mayo. Los empleados trabajaron durante toda la noche en tareas de desobstrucción, despejaron el pavimento para garantizar la seguridad y evitar inconvenientes en el tránsito vehicular, informaron.

A su vez, las autoridades municipales ya informaron sobre lo sucedido al Juzgado de Faltas, para que inicie una investigación que identifique a el o los responsables del vuelco de gasoil y labren las actas que correspondan.

OSM le recordó a la comunidad que “arrojar combustibles y otras sustancias contaminantes en la red cloacal puede provocar obstrucciones, afectar su funcionamiento y generar consecuencias ambientales”.

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El empresario Lázaro Báez, quien ya cumple una condena unificada de 15 años por las llamadas causas de la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, fue imputado en las últimas por presuntamente ser el líder de una banda que, desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, movía los hilos afuera para lavar, al menos, unos 390.880.000 pesos de dudosa procedencia.

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La Justicia que tantas veces contempla la prisión domiciliaria, incluso en casos por delitos más gravosos, no ha dado ni señales de aplicarle ese tipo de medida de coerción más morigerada, algo que sería normal dada su edad. Tiene más de 65 años.

A todo eso hay que sumarle las condiciones de su detención. Comparte una celda con otras cinco mujeres y su salud se deterioró de manera notable por las afecciones pulmonares agravadas por el humo de tabaco, además de haber atravesado episodios de infección urinaria y complicaciones médicas que requirieron traslados de urgencia, trascendió de parte de familiares.

Mariano Franco, su hijo menor, quien la visita una vez a la semana para acercarle provisiones, se quejó de la imposibilidad de ir a verla, así como de las promesas incumplidas de excarcelación.

La tentativa de hurto, pues ni siquiera llegó a concretar la sustracción en sí, fue el 8 de octubre en un supermercado de la localidad bonaerense de San Fernando. Las cámaras de seguridad del negocio captaron cuando la jubilada trató de cruzar la línea de caja sin abonar por el medio kilo de carne que había tomado de una heladera exhibidora. El personal de vigilancia advirtió el movimiento en el video e la interceptó antes de que pudiera irse.

La intervención de la Policía derivó en el inicio de una investigación penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 25. Y el 26 de octubre, con la incorporación como agravante de una causa anterior por otra presunta tentativa de hurto de alimentos, la Justicia halló, a su modo de ver, los elementos probatorios suficientes para dictarle la prisión preventiva.

Desde entonces está alojada en la alcaldía, un lugar que, en realidad, está hecho para detenciones transitorias de no más de 72 horas.

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El jueves, luego de requisar ambos lugares, los investigadores confirmaron lo que la evidencia y la intuición ya les había anticipado. Allí operaban dos puntos de venta de estupefacientes, en ese caso, especializados en cocaína. Pues hallaron alrededor de un millón y medio de pesos en la droga blanca.

Detuvieron, además, a los dos hombres que presumen estaban al frente de tales negocios.  Y este viernes, después de ser imputados por la Justicia Federal, uno de ellos partió al Servicio Penitenciario de San Luis y al otro le concedieron la prisión domiciliaria porque, según intercedió su defensa, debe cuidar a sus hijos, menores de edad, y también a su padre.

Ambos fueron imputados por violar la Ley 23.737, que penaliza la tenencia y comercio de estupefacientes. Por pedido de la fiscalía federal, al sospechoso de apellido Merida el juez federal Juan Carlos Nacul le dictó el encarcelamiento preventivo por 119 días, en tanto que a Birocco, dada su situación, le otorgó el beneficio del encierro domiciliario.

Los acusados de 30 y 37 años cayeron cuando los policias irrumpieron en sus domicilios, uno en Gobernador Besso al 300 y otro en pasaje Arayes al 800.

Allí los efectivos encontraron e secuestraron 100 envoltorios de nylon con cocaína, una planta de marihuana, teléfonos celulares, balanzas digitales de precisión, empleadas por los “dealers” para pesar las minúsculas dosis, dinero en efectivo, una camioneta, dos autos y cinco motos.

Según el cálculo hecho por el personal de Lucha Contra el Narcotráfico teniendo como guía el precio que manejan actualmente los vendedores en la calle, la droga incautada sirve para preparar unas 266 dosis, valuadas en el comercio al menudeo en $1.593.600.

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Los policías que tienen jurisdicción en esa zona fueron alertados de lo que pasaba a las 11:26. Una persona llamó al 911 y pidió desesperada asistencia médica porque una chiquita que había en una cabaña, ubicada en calle Las Lavandas al 50.

Cuando los efectivos llegaron al complejo los padres de la nena se disponían a trasladarla a un centro de salud. Les contaron a los policías que la criatura había caído a la pileta y desde hacía unos 15 o 20 minutos no reaccionaba.

Los policías hicieron lo que estuvo a su alcance para facilitar y agilizar el traslado del vehículo hasta el centro sanitario. A su vez, arribó al complejo de cabañas personal de una ambulancia del SEMPRO, que intentó reanimar a la chiquita.

Pero todo fue inútil. A las 16, desde el centro asistencial, informaron el fallecimiento de la menor. De acuerdo con el certificado de defunción, murió asfixiada por sumersión.

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El expediente N° 23191-H/26 había sido girado por el intendente al HCD para su aprobación. Tras el tratamiento que le dieron los concejales, recibió el visto bueno por unanimidad.

La disposición establece un aumento de $100 mil y un bono extra de medio millón de pesos. Ambos pagos son carácter no remunerativo. La medida alcanza al personal de planta permanente, contratados y trabajadores temporarios.

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La multinacional dejó de lado su disposición de reconocerle y abonarle a cada trabajador solo el 50% de la indemnización y, finalmente, aceptó pagar el total, tal como dispone la ley vigente al momento que ese personal ingresó a trabajar a la fábrica.

La firma se había amparado en el Artículo 247 de la nueva Ley de Contrato de Trabajo, que puso en vigencia Javier Milei apenas asumió la presidencia. Invocando esa norma, los empresarios pretendían abonarles a sus empleados solo la mitad de lo que estipulaba el contrato de trabajo que había firmado “Black & Decker” con cada uno de sus obreros.

De hecho, eso les comunicaron la mañana del martes, cuando el personal fue a la fábrica, para cumplir con su jornada laboral. Les informaron que no podían entrar porque la planta cerraba sus puertas definitivamente y todos serían despedidos.

Al drama de perder el trabajo y el sustento para sus familias se le sumaba el de que tampoco recibirían sus indemnizaciones completas. Por eso ayer, en una forma de protesta pacífica, los trabajadores decidieron permanecer en el predio de la fábrica hasta que los empresarios o quien correspondiera atendiera su pedido para que, al menos, cumplieran con la totalidad de las liquidaciones.

Pero este jueves en una audiencia de conciliación, convocada por la Dirección de Relaciones Laborales de la Provincia, en la que participaron la Dirección de Industria, la empresa, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de San Luis y todos los empleados despedidos, consiguieron revertir la disposición inicial de la multinacional.

La compañía se comprometió a pagar las indemnizaciones, según el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se aplica cuando un despido se debe a la falta o disminución de trabajo y permite abonar solo la mitad de la liquidación común. Sin embargo, por pedido de la Autoridad Laboral y del sindicato, la firma aceptó pagar también el 50% restante. De esa manera, cada obrero cobrará el 100% de su indemnización, además de su liquidación final.

El pago, informaron, está previsto para este viernes 13 de noviembre.

Con este acuerdo, por otro lado, queda confirmado el cierre de la planta, así como el fin de los contratos de trabajo.

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Pero, a modo de ver del juez de Garantías 1, esa historia no resultó suficiente para tumbar la teoría de la fiscalía, la que sostiene que la mujer deliberadamente le clavó el arma blanca en el cuello, después se autolesionó a sí misma y corrió a una comisaría para contar todo. Por todo ello, Cuello resolvió mantener en pie la imputación por intento de homicidio, ampliar los cargos en su contra a la luz de nueva evidencia que complicarían aún más su situación procesal y ordenar su inmediato traslado al penal, donde estará los próximos cuatro meses, tal como pidió el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Coronel fue trasladada al Servicio Penitenciario de San Luis, imputada por «homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y ensañamiento en grado de tentativa». La nueva calificación del delito con la incorporación de los agravantes de “alevosía” y “ensañamiento”, aclaró el fiscal adjunto Marcelo Palacio Fernández, se debe a lo que pusieron al descubierto un informe médico, otro psiquiátrico, las características y descripción de las lesiones y la declaración de la propia víctima, entre otros elementos probatorios. El testimonio del hombre era algo hasta hace pocos días los investigadores no habían podido conseguir, debido el delicado estado de salud del damnificado, quien fue intervenido quirúrgicamente de urgencia tras la agresión y no podía siquiera hablar.

Los fiscales relataron que el ataque que estuvo a nada de costarle la vida al vecino de Nueva Galia sucedió el miércoles de la semana pasada, alrededor de las 20, en un domicilio de Pedernera y Calle del Centenario. Expusieron que la acusada “trató de darle muerte a su pareja y que lo atacó con un arma, hiriéndolo gravemente en la zona del cuello”.

Seguidamente se dirigió a la seccional del pueblo. Cuando el personal policial oyó toda su historia, sin perder un minuto, fue hasta el domicilio en cuestión para auxiliar al hombre. Al llegar, lo encontraron en la cama, muy mal herido.

Lo asistieron, en primera instancia, en el centro médico de la localidad. Pero, casi de inmediato, a causa de la gravedad de la puñalada lo derivaron al policlínico regional de Villa Mercedes. No murió gracias a la rápida y certera intervención médica, subrayó la fiscalía.

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Para la empresa significó una inversión de 900 mil dólares. Precisaron que cada micro tiene capacidad para 42 pasajeros, butacas semicama de cuero y apoyapiernas. A un margen del novedoso servicio de internet, como siempre, las unidades contarán con puertos USB para cargar distintos dispositivos, baño, sistema de audio y televisión, e iluminación interior en distintos tonos, incluida una luz azul para descansar durante el viaje. Tienen caja automática de 12 marchas hacia adelante y tres de retroceso.

“Para nosotros la renovación de flota no es un trámite: es la garantía de que cada usuario viaje seguro y cómodo, y de que el apoyo que la Provincia le da al transporte se vea reflejado en un mejor servicio. Por eso acompañamos a las empresas que cumplen, y controlamos a todas por igual”, destacó el secretario de Transporte, Víctor Cianchino.

Cada mes, el Gobierno de la Provincia destina más de $1.400 millones para sostener el sistema de transporte y mantener así activos los recorridos urbanos e interurbanos y los puestos de trabajo del área.

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