El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tildó de “perturbado mental” al presidente Javier Milei luego que el mandatario cuestionara a Cristina Kirchner y Axel Kicillof por haber impulsado la estatización de YPF en 2012.

Los comentarios del funcionario provincial se dan a un día que se conociera la decisión de la Corte de Apelaciones de Nueva York de anular el fallo de primera instancia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera.

“El perturbado mental del presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, lanzó Bianco en diálogo con radio 10.

Este viernes, en cadena nacional, Milei cargó contra la Cristina Kirchner y Axel Kicillof: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa en primer lugar. Es una afrenta a los argentinos que Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretendan apropiarse de este resultado”.

Con respecto a los dichos del Presidente, el funcionario y mano derecha de Kicillof, sostuvo que la gestión libertaria “no hizo nada nuevo” y se limitóse limitó a continuar la estrategia de defensa definida desde el inicio del juicio.

“Si hizo algo bueno, fue haber mantenido la estrategia. Se le concede y agradece, pero no era momento para tratar de sacar una ventaja política”, opinó Bianco.

En otro tramo de la entrevista a radio 10, el ministro de gobierno bonaerense remarcó que la expropiación está contemplada en la Constitución Nacional y que existe una ley específica que regula su aplicación.

“La Argentina mantuvo una política de Estado respecto de un tema muy sensible, que era muy costoso para nuestro país vinculado a un nuevo ataque de los fondos buitres. Bueno, lamentablemente el presidente no hizo eso”, planteó el funcionario de Kicillof.

Caso YPF: la Justicia de EE.UU. anuló la condena que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que condenaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera.

Por mayoría, el tribunal revocó en parte lo resuelto en primera instancia por la jueza Loretta Preska y rechazó los principales argumentos de los demandantes, que reclamaban daños por incumplimiento contractual tras la estatización.

Javier Milei habló al país este viernes por la noche para capitalizar el fallo de la Justicia de Estados Unidos que benefició a la Argentina en el caso YPF. En un mensaje que duró ocho minutos, afirmó: “No apostamos con los argentinos, simplemente ganamos”.

“Este fallo era virtualmente imposible”, remarcó Milei, al tiempo que agregó: “Ante la adversidad, triunfó la perseverancia”.

“Hoy es un día de festejo para los argentinos de bien”, manifestó al inicio de su discurso. Y remarcó: “Nos sacamos la espada de damocles que pendía sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista”.

Luego, cargó con dureza contra el kirchnerismo: “Es una afrenta a los argenitnos que Cristina Kirchner y Axel Kicillof pretendan apropiarse de este resultado”. “Estos personajes del pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Nos podría haber dejado sin YPF y nos habría dejado fundidos”,remarcó.

“Hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”, aseguró el Presidente. “El populismo puede aparentar estar bien en el corto plazo y queda bien ante las cámaras, pero trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo”, indicó.

“La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y la única forma de garantizarlas es con seguridad jurídica. Esto es el verdadero patriotismo, no el nacionalismo barato”, sentenció.

“Lo que parecía imposible, lo hicimos posible. Esta administración una vez más levantó los platos rotos. Por eso hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia no nos vuelva a costar una década perdida”, explicó.

La cadena nacional fue un mensaje grabado, que se realizó en Casa Rosada y el mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el canciller, Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal; el procurador, Sebastián Amerio; y el subprocurador Juan Stampalija. La puesta en escena buscó mostrar respaldo político y técnico al resultado judicial favorable para el Estado argentino.

Antes de la filmación, hubo un brindis con champagne en el salón Martín Fierro, donde se encuentra la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo. Del encuentro participaron Quirno, los Caputo y parte del equipo jurídico que intervino en la estrategia del caso. En el oficialismo lo presentaron como una celebración por la resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena de primera instancia contra la Argentina.

La Casa Rosada apunta a usar la cadena nacional para volver a marcar la agenda política luego de varios días atravesados por la investigación sobre los vuelos al exterior de Adorni. En Balcarce 50 sostienen que el fallo por YPF le permite al Gobierno exhibir un triunfo de alto impacto económico y político, además de reforzar la imagen de unidad interna del gabinete en un momento de tensión puertas adentro.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre el fallo favorable a la República Argentina por YPF en Estados Unidos. pic.twitter.com/FgAXuvled2

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026

Los argumentos del fallo de la Justicia de EE.UU .

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló este viernes la sentencia que condenaba al Estado argentino a pagar US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera YPF en 2012.

Por dos votos contra uno, los jueces revocaron en parte la condena impuesta en primera instancia por la jueza Loretta Preska y rechazaron los principales argumentos de los demandantes, que reclamaban daños por incumplimiento contractual tras la expropiación.

Los jueces Denny Chin y Sarah Merriam Robinson, que integraron la mayoría, sostuvieron que los reclamos de los accionistas minoritarios contra Argentina e YPF “no son reconocibles según la ley argentina”.

Este punto resulta fundamental, ya que reconoce que la decisión de la expropiación de la empresa fue discutida y avalada por el Congreso de la Nación. Es decir, se realizó bajo la norma legal vigente en la Argentina.

Eso deriva en que los estatutos de YPF no constituyen un contrato bilateral exigible entre el Estado y los inversores privados. En cambio, cumplen una función organizativa interna de la sociedad anónima y no generan obligaciones contractuales que permitan reclamar daños por incumplimiento.

El Gobierno sigue revisando los pliegos para cubrir vacancias judiciales, pero en las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó el envío de los primeros 62 pliegos, que llegarán a la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzabal.

“Hoy iniciamos el proceso formal para enviar al Senado de la Nación los primeros 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces destinados a cubrir vacantes en los fueros: penal, penal económico, civil (familia), comercial, contencioso administrativo y seguridad social”, explicó el ministro.

Mahiques indicó que se trata de cargos que hace años se encuentran sin titular, lo que impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial. “Con la decisión política del presidente Milei, cubrir estas vacantes no es una opción: es una condición básica para que la Justicia funcione como corresponde”, remarcó el funcionario.

“La definición es mandar los mejores candidatos, no hacerlo rápido”, expresan en Nación. Es por eso que hay diferencias entre el anuncio político y el estado administrativo de los pliegos. Según fuentes oficiales, hay algunas candidaturas para jueces, fiscales y defensores oficiales que siguen abiertas y bajo análisis.

Hay en la actualidad 364 cargos vacantes sobre 1002 en la justicia federal y nacional, lo que equivale a más de un tercio del total. En tribunales advierten además que, si no hay nombramientos, el nivel de vacancias podría seguir creciendo en los próximos meses, con impacto en fueros sensibles de la Capital y del interior del país.

En el Gobierno remarcan que una parte de esa demora se explica por una decisión tomada al comienzo de la gestión. En diciembre de 2023, Javier Milei retiró del Senado todos los pliegos que habían sido enviados por la administración anterior y, desde entonces, no remitió nuevas propuestas para cubrir cargos federales. Eso hizo que el volumen de vacantes siguiera creciendo por jubilaciones, renuncias y fallecimientos.

La revisión actual quedó en manos de Mahiques, que asumió hace pocas semanas en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona. En su entorno aseguran que está terminando de ordenar el universo de ternas disponibles y que busca definir qué nombres enviará primero al Senado. El ministro estuvo reunido este martes con Milei en la quinta de Olivos para la revisión de la reforma del Código Penal.

La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado recientemente por la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional. En definitiva, si es correcto o no el fallo de primera instancia por medio del cual la jueza Loretta Preska, que condenó al estado argentino a pagar unos USD 18.000 millones (contabilizando intereses que corren desde 2023).

El planteo argentino había sido presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando una moción urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023. La resolución de la Cámara representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.

El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre la validez del reclamo. Burford Capital es el principal beneficiario de esa decisión.

El presidente Javier Milei encabezó el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Estuvieron presentes el saliente titular de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, y todo el gabinete.

Juan Bautista Mahiques juró como ministro de Justicia en la Casa Rosada luego de la renuncia de Mariano Cúneo Libarona.

La jura de Mahiques fue en el Salón Blanco de Casa Rosada y estuvo presente tanto el gabinete del presidente Javier Milei como distintos familiares del flamante funcionario.

Quien ocupó un lugar importante en el escueto acto fue Mariano Cúneo Libarona, que se abrazó al Presidente y a su sucesor luego de la jura.

La renuncia de Cúneo Libarona se había formalizado este miércoles, tras una reunión en la Casa Rosada. El ahora exfuncionario volverá al ámbito privado, mientras que el nuevo titular asumirá de inmediato este jueves.

En paralelo al recambio, se definió también la estructura interna de la cartera. Karina Milei, jefa de La Libertad Avanza y secretaria General de la Presidencia, se aseguró ubicar como número dos del Ministerio a Santiago Viola, apoderado de LLA.

El movimiento implicó el desplazamiento de Sebastián Amerio, un funcionario que respondía al asesor Santiago Caputo. El recambio profundizó aún más la interna entre las dos alas del Gobierno.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia

Juan Bautista Mahiques fue elegido por el Presidente para conducir una de las carteras más sensibles del Gabinete, en un contexto de reformas institucionales y alta exposición política.

En el Ejecutivo destacaron la necesidad de garantizar continuidad en la gestión y avanzar con la agenda prevista para el área.

Antes de asumir como ministro de Justicia, Mahiques se desempeñaba como fiscal general en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó desde octubre de 2019.

Desde septiembre de 2022 es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y desde julio de 2024 ejercía como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università degli Studi di Roma.

En el plano académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina. Entre 2020 y 2024 fue subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública.

Mahiques integra además la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales, junto a representantes de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

La Conferencia Episcopal Argentina expresó este sábado su posición sobre la iniciativa del Gobierno que promueve la baja de la edad de imputabilidad penal para menores. En un comunicado firmado por los integrantes de la Comisión Ejecutiva, la entidad sostuvo que estas propuestas no deben considerarse como la única respuesta ante los delitos que involucran a jóvenes.

De acuerdo con el texto difundido, la Iglesia Católica manifestó su cercanía con las familias y comunidades que son víctimas de hechos delictivos. Sin embargo, advirtió que centrar el debate público en la edad de los menores imputables puede omitir aspectos fundamentales relacionados con la prevención, la educación y el acompañamiento.

El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.

La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.

El pronunciamiento hace referencia a la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en la Argentina. Según el comunicado, el sistema educativo impulsado por este referente se basa en la cercanía de los adultos, el trabajo, la educación y la vida comunitaria como herramientas de desarrollo.

Los obispos integrantes de la Comisión Ejecutiva subrayaron la necesidad de fortalecer políticas educativas y comunitarias, además de focalizarse en la construcción de alternativas preventivas. También señalaron que la prevención requiere del acompañamiento de las familias, una comunidad comprometida y la intervención de un Estado presente.

Aunque la Asociación del Fútbol Argentino presentó sus ingresos, consumos y créditos y mostró cifras millonarias, la IGJ cuestiona la escasa precisión en varios ítems sensibles.

La Inspección General de Justicia (IGJ) ya comenzó a analizar la documentación que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) envió la semana pasada en el marco de la investigación sobre sus estados contables y balances.

Aunque la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia volvió a abrir sus números y presentó un detalle de ingresos, gastos y créditos, en el organismo de control consideran que la información sigue siendo “insuficiente” y no descartan volver a pedir ampliaciones antes de definir si avanzan o no con la designación de un veedor.

Según pudo saber TN, el principal cuestionamiento no apunta a los montos globales, sino a la falta de precisiones en varios conceptos relevantes. “Hay muchos ítems que no se aclaran”, indicaron fuentes al tanto del análisis, que remarcaron que la presentación permite ver cuánto dinero se movió, pero no siempre explica de manera detallada cómo se ejecutaron esos recursos.

En el capítulo de créditos, la AFA informó un total de $7.526.369.503. Dentro de ese rubro, se consignaron $41 millones por entradas de la Selección, $7124 millones correspondientes a partidos del seleccionado, $7 millones por servicios del predio de Ezeiza y $19 millones bajo el ítem “varios”. Para la IGJ, esos datos vuelven a aparecer agrupados y sin un desarrollo que permita identificar con precisión el origen y el destino final de cada concepto.

En cuanto a los gastos generales, la entidad informó un total de $58 mil millones. De ese monto, $39 mil millones fueron atribuidos a gastos en selecciones nacionales. Dentro de ese rubro, se detallaron $24 mil millones en remuneraciones del cuerpo técnico y auxiliares, $8 mil millones en pasajes, traslados y alojamiento, $1 mil millón en vestimenta deportiva, $229 millones en personal administrativo y otros $4 mil millones en gastos administrativos del departamento de selecciones nacionales.

Desde la AFA explicaron que el fuerte incremento del gasto se debe a los nuevos contratos firmados con el cuerpo técnico luego de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar. Esa justificación fue incluida en la presentación, aunque en la IGJ sostienen que el aumento, por sí solo, no despeja las dudas si no está acompañado por un mayor nivel de desagregación de la información.

Otro de los puntos bajo revisión es el funcionamiento del Colegio de Árbitros. Allí, la AFA declaró gastos totales por $3100 millones. De ese total, $1744 millones corresponden a la remuneración de los árbitros, $800 millones a sueldos del personal administrativo y $191 millones a gastos vinculados con pruebas físicas. El resto figura dentro de partidas generales, que también son observadas por el organismo de control.

La documentación presentada incluye además otros gastos relevantes. Se informaron $2640 millones destinados a congresos y eventos, $7900 millones en pasajes, traslados y alojamiento, $1085 millones en servicios profesionales y $783 millones en atenciones médicas y emergencias vinculadas a la AFA. En la IGJ señalan que varios de estos ítems aparecen reiterados en distintas áreas y sin un detalle que permita distinguir con claridad a qué actividades concretas corresponden.

Del lado de los ingresos, la AFA declaró $37 mil millones por derechos de campeonatos nacionales, $8 mil millones por utilización de marcas y otros $11 mil millones provenientes de aportes y subsidios de la FIFA y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF). Si bien esos números forman parte del cuadro general de recursos, el foco del análisis oficial sigue puesto en la coherencia entre ingresos, gastos y créditos, y en la consistencia interna de la información entregada.

Este nuevo envío de documentación se suma a las audiencias que la IGJ mantuvo con los auditores de la AFA y de la Liga Profesional, en el marco de la revisión de los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. Desde el organismo que conduce Daniel Vítolo ya habían señalado que, si bien la AFA mostró una actitud más colaborativa que en etapas anteriores, el proceso todavía no está cerrado.

Por eso, la posibilidad de que la IGJ vuelva a intimar a la AFA para que amplíe o precise la información sigue sobre la mesa. Recién después de ese análisis completo se definirá si existen elementos suficientes para avanzar con la designación de un veedor o si el organismo da por cumplidos los requerimientos administrativos.

La ofensiva del Gobierno nacional contra la conducción del fútbol argentino sumó un capítulo judicial clave. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) como parte querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos.

La decisión, tomada el viernes pasado, habilita a los abogados de la ex AFIP a tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, convirtiéndose en un acusador privado directo contra la administración de Claudio “Chiqui” Tapia.

Impulso y feria habilitada

Para comprender la magnitud del caso, es necesario desglosar cómo se gestó el expediente y su avance.

La causa nació de una denuncia presentada por la propia ARCA el pasado 12 de diciembre. En esa presentación, el ente recaudador alertó a la Justicia que la AFA estaba reteniendo dinero de los clubes pero no lo giraba al Estado.

Recibida la denuncia, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial requirió formalmente la apertura de la investigación e imputó a la cúpula de la AFA por el delito de evasión agravada.

Ante la gravedad de los hechos y el peligro en la demora de la recolección de pruebas, el juez Amarante tomó la decisión de habilitar la feria judicial de enero. Esta medida implica levantar el receso de verano para que el juzgado siga operativo y tramite la causa con urgencia, permitiendo que se libren oficios y se tomen decisiones como la aceptación de la querella, que de otro modo hubieran esperado a febrero.